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Caramelo inicia los trámites para el concurso de acreedores

La dirección de la empresa textil gallega Caramelo ha anunciado hoy que ha comunicado al juzgado mercantil de A Coruña la fase previa de negociación con los acreedores, para cumplir las obligaciones legales "derivadas de la crítica situación financiera que sufre la compañía", al amparo del artículo 5.3 de la Ley Concursal.

La empresa declaró ayer un cierre patronal para evitar los daños que algunos empleados causaron el jueves en las instalaciones, aunque la Xunta ha obligado a la compañía a abrir el lunes.

Además, el departamento de Trabajo del Gobierno gallego informará negativamente al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la compañía para despedir a 237 trabajadores. Las Consellerías de Traballo y de Economía e Industria participarán, a partir de la próxima semana, en las reuniones entre Caramelo y el Comité de Empresa, en las que se establecerá un nuevo marco de negociación para buscar una solución al conflicto.

Caramelo señala que, con unas pérdidas acumuladas de 51,9 millones de euros en tres años, es "imposible reflotar la compañía" con la actual estructura de costes por lo que ha presentado la comunicación al juez de que ya ha iniciado las negociaciones con los acreedores.

Según indica la dirección en un comunicado, una vez terminado este proceso, la empresa, "haya o no alcanzado las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso".

Para los responsables de Caramelo, es "lamentable" llegar a esta situación ya que, si bien se podría contar con un último esfuerzo inversor para llevar a cabo el plan de negocio que reflotase al Grupo Caramelo, la única manera de recuperar la competitividad y salvar la empresa y a sus empleados es "realizando un reajuste en todas las áreas de coste", cumpliendo con de esta forma con el plan de viabilidad.

Según indica la dirección de Caramelo, la situación del grupo es "tan delicada, con una deuda de aproximada de 60 millones de euros, que es necesario ejecutar todas y cada una de las medidas económicas propuestas en el plan de viabilidad "de manera inmediata", ya que el retraso o la no consideración de cualquiera de ellas imposibilitará la continuidad de la empresa y, la llevaría, por lo tanto, al cierre.