Legislación
El Gobierno aplaza la decisión sobre las profesiones con visado obligatorio
El Gobierno aplaza la decisión sobre las profesiones con visado obligatorio

El Gobierno aplaza la decisión sobre las profesiones con visado obligatorio

El Consejo de Ministros aprobó el viernes el proyecto de ley omnibus, que moderniza la regulación sobre colegios profesionales. Las protestas de los profesionales han llevado al Gobierno a aplazar dos de las decisiones más polémicas que contenía el anteproyecto: la eliminación de colegiación obligatoria y la de los visados colegiales. Las decisiones sobre estos dos aspectos se tomarán, respectivamente, en una ley y un real decreto posteriores a la entrada en vigor de la norma.

La reforma de la regulación de la Ley de Colegios Profesionales que se acomete a través del proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, más conocida como ley ómnibus tiene como objetivo modernizar una regulación obsoleta, preconstitucional y que, según el Gobierno, "arrastra fuertes inercias de épocas anteriores".

La reforma que contiene la ley omnibus, que tras su aprobación por el Consejo de Ministros el viernes, comienza su tramitación parlamentaria, eliminará las restricciones existentes hasta ahora al ejercicio simultáneo o conjunto de dos o más profesiones. Por ejemplo, con la entrada en vigor de la ley, los profesionales podrán hacer publicidad de sus servicios sin limitaciones más allá de las incluidas en la propia norma de publicidad que se aplica a todos los sectores. Otra de las novedades de la futura ley es la de que, en ningún caso, la cuota de inscripción podrá superar los costes asociados a la tramitación de la colegiación.

En todo caso, la ley omnibus prevé la eliminación de la colegiación obligatoria aunque incluye una cláusula que establece que en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta norma, el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. En la mente del legislador se encuentran el ejercicio de algunas profesiones, como las de médico o arquitecto, por ejemplo. La eliminación de la colegiación obligatoria fue precisamente uno de los puntos críticos del anteproyecto que, ahora con la remisión a una futura ley, se suaviza.

El otro era el de la eliminación de los visados. También en este caso el Gobierno se dará más tiempo para decidir. Una disposición de la futura ley (la transitoria tercera), establece que "en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará un real decreto que establezca los visados que serán exigibles".

La desaparición del visado supondrá, según el Gobierno, un ahorro para los profesionales y para los consumidores. Así, los colegios no podrán imponer a los profesionales la obligación de visar sus trabajos. Será una decisión voluntaria del consumidor que decidirá si someter o no determinados trabajos al visado colegial.

El intento de eliminación de los visados ha sido especialmente criticada por los colegios de arquitectos y de ingenieros, que consideran imprescindible el control de seguridad que proporciona el visado. Eso, al margen de la reducción de ingresos que supondrá para los colegios técnicos la desaparición del visado obligatorio.

Para Unión Profesional, la organización que representa a las profesiones colegiadas "el control universal de los profesionales ejercientes (por deontología, por ejemplo) y el visado son dos requisitos básicos para el desempeño de las funciones atribuidas a los colegios profesionales".

Una memoria anual en cada colegio

Los colegios deberán ser más transparentes en su funcionamiento y publicar una memoria anual sobre su gestión económica y su actuación disciplinaria. Además, deberán tener un servicio que atienda las quejas tanto de los colegiados como a de los usuarios. El objetivo es generar una mayor protección del consumidor ante posibles prestaciones defectuosas de servicios profesionales.

Honorarios

La reforma de la Ley de Colegios profesionales contempla la supresión de los baremos orientativos sobre los honorarios o cualquier otra recomendación sobre precios "que vienen restringiendo de forma injustificada y habitual la competencia en precios".