El fraude en el bono social se penalizará con un recargo del 10% en la tarifa
A partir del 1 de julio, varios colectivos que suman más de cinco millones de clientes tendrán derecho a una bonificación en la tarifa eléctrica. Industria ha aprobado una resolución en la que establece los trámites a seguir para poder solicitar el bono. El fraude se penalizará con un recargo en la tarifa del 10%.
El incumplimiento de los requisitos para la aplicación del bono social "dará lugar a la refacturación del suministro eléctrico desde la fecha en que se produzca el incumplimiento" y se aplicará un recargo en el recibo del 10%. Esta es una de las advertencias que figuran en la resolución que Industria ha remitido a la Comisión de la Energía para su informe, por la que se determina el procedimiento para poner en marcha el bono social, que se aplicará a la tarifa de último recurso (TUR) que entra en vigor el 1 de julio.
Dicha resolución incluye los trámites y formularios para que los beneficiados puedan solicitar el bono social, que se traducirá en una tarifa reducida, que supondrá de hecho una congelación de la tarifa. Según el real decreto ley de medidas energéticas aprobado recientemente por elGobierno y convalidado por el Congreso, tendrán derecho a este bono social los consumidores, en su vivienda habitual, con una potencia inferior a tres kilovatios (kW) de potencia; quienes tengan a todos los miembros de su familia en paro; los perceptores de pensiones mínimas de más de 60 años y las familias numerosas.
En el primero de los casos, las comercializadoras de último recurso deberán aplicarlos automáticamente, por lo que estos clientes no necesitarán solicitarlo. Aunque fuentes de las eléctricas aseguran que no tienen manera de averiguar con seguridad si la vivienda de un cliente es habitual o no (salvo por los consumos), sí parecen dispuestas a aplicar el bono de forma automática como marca la ley a los puntos de suministro con menos de tres kilovatios. Ello, pese a los errores que se puedan producir y a que muchas de estas viviendas no cuenten con interruptor de potencia, lo que permite consumir muy por encima de la contratada.
Solicitudes varias
En el resto de colectivos, los beneficiarios deben rellenar tres solicitudes oficiales que figuran en la resolución de Industria. Una deberá presentarse en las oficinas de la distribuidora de la zona y las otras dos se remitirán a la comercializadora de último recurso, a la dirección que éstas determinen. Cada titular deberá aportar la documentación correspondiente a su situación: el carné de familia numerosa, en el caso de este colectivo; el registro del Inem, en el caso de los parados, y la acreditación de la pensión mínima, en el de los pensionistas.
El bono social se aplicará a partir del primer día del mes siguiente a la recepción de la documentación que acredite que el cliente reúne las condiciones legales durante un periodo de dos años, salvo que se pierdan los requisitos. La solicitud debe incluir una "declaración responsable" del titular de la veracidad de la documentación presentada de acuerdo con el modelo.
Uno de los peligros de la aplicación del bono es la posibilidad de fraude, dado que las compañías no tienen capacidad de investigar, pues tienen una cartera de casi 25 millones de clientes con tarifa. Según las empresas, sólo con una potencia inferior a tres kilovatios hay cinco millones.
La resolución recuerda que cuando el usuario de la energía o de las redes no sea el titular del contrato, podrá exigir, siempre que se encuentre al corriente de paso, el cambio a su nombre del contrato existente "sin más trámites".
Bonificación por poco tiempo
A muchos de los consumidores que se van a beneficiar una tarifa reducida a partir del 1 de julio, la alegría podría durarles poco tiempo. Y es que el real decreto ley que establece la creación del bono social, señala que cuando se desarrolle su reglamento, lo que se prevé en varios meses, dicho bono se aplicará en función de la renta per cápita familiar. Pese a ello, el ministerio ha evitado dar publicidad a esta cuestión, pues busca un efecto económico inmediato con descuentos masivos a corto plazo. Las empresas temen que la aplicación del bono les acarree serias complicaciones, en uno y otro caso, además de la dificultad de comprobar situaciones de fraude.Ello, a pesar de que la resolución de Industria habilita a las eléctricas a comprobar el cumplimiento de los requisitos. Para ello podrán firmar convenios de colaboración con las instituciones que manejen las bases de datos que permitan chequear las solicitudes.