Aguirre exprime todos sus instrumentos fiscales
En un momento en que la clase política desempolva los viejos -y hasta hace cuatro días también olvidados- libros de Keynes, en Madrid, Esperanza Aguirre se aferra más que nunca al abecé del liberalismo económico y promueve como ninguna otra comunidad autónoma las rebajas fiscales. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado en menos de un mes reducciones en el IRPF, en el impuesto de actividades económicas, en el impuesto de matriculación y, el último, en el de actos jurídicos documentados.
De hecho, el Gobierno de Esperanza Aguirre prácticamente ha rebajado o aumentado las deducciones de todos los tributos en que goza de capacidad normativa. La filosofía que subyace es que una rebaja fiscal se traduce en un aumento de la actividad económica que, al cabo, engrosa las arcas públicas. Axioma que se cumplió cuando se rebajó un punto el tramo autonómico del IRPF en 2007.
Sin embargo, a diferencia de la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones aprobada en 2005, las últimas medidas fiscales adoptadas por Aguirre e ideadas, en parte, para contraponerlas a las del Gobierno central no son de carácter generalista. La reformas ahora se concentran en ciertos sectores y persiguen objetivos muy concretos. La reducción de un punto -del 5% al 6%- de la deducción por inversión en vivienda habitual ataca el difícil problema de dar salida al enorme stock de casas que no encuentran comprador. Actualmente, un contribuyente se deduce un 15% en el IRPF por la compra de su vivienda habitual. De esta ayuda, un 10% corresponde al Estado y el resto a la comunidad autónoma. Madrid limitó el incremento de la deducción a la compra de viviendas de nueva construcción. "Beneficiará a 30.000 madrileños el primer año y a un millón en años sucesivos", anunciaron desde la Puerta del Sol. Una previsión cuanto menos optimista. Si se mantiene el nivel de compraventa de 2008, deberían pasar 32 años para que el número de beneficiarios alcance el millón previsto.
Aguirre también anunció el jueves que los contribuyentes que modifiquen su hipoteca -ya sea el plazo de carencia, el tipo, la moneda de pago o cualquier otro aspecto- no tributarán por actos jurídicos documentados, tributo que grava las escrituras, las actas notariales y otros documentos oficiales. El coste de esta medida -que Hacienda no ha calculado- dependerá del número de madrileños que modifiquen su hipoteca.
La rebaja fiscal más polémica es la concesión de un cheque equivalente al 20% del importe abonado en el impuesto de matriculación para todo aquel que compre un coche en Madrid hasta el 30 de julio, aunque es probable que se prorrogue. Se trata de una medida criticada por regresiva, ya que los coches más baratos -que son los menos contaminantes- están exentos del impuesto y, por tanto, no obtendrán la ayuda.
Por último, Aguirre ha eliminado el recargo autonómico en el impuesto de actividades económicas, que supone unos 30 millones de euros, cifra que equivale al 0,4% del total de los ingresos previstos. Si bien Aguirre ha utilizado intensamente su capacidad normativa para rebajar impuestos, el coste de tales medidas -no cuantificadas por Hacienda- parece asumible, ya que se limitan a situaciones muy concretas -deducción por vivienda nueva en el IRPF- o modifican tributos cuyo peso en las cuentas públicas es menor, como el de actividades autonómicas, Aun así, en época de caída de ingresos, toda rebaja fiscal entraña un gran riesgo.
La gran amenaza para las arcas de la comunidad es la propia crisis, que está recortando drásticamente la recaudación de los grandes impuestos cedidos parcialmente, IRPF e IVA, y del impuesto de transmisiones patrimoniales. Entre los tres suman el 60% de los ingresos de la comunidad. Por todo ello, fuentes del Gobierno regional urgen a pactar cuanto antes un nuevo modelo de financiación. De lo contrario, las arcas públicas autonómicas y el Estado del bienestar pagarán más cara aún la crisis. Aunque hay quien cuestiona que Madrid reclame más dinero al Estado a la par que baja los impuestos.