La nueva legislatura arranca sin estabilidad política ni económica

Recesión y paro marcan la agenda de los 736 nuevos eurodiputados.

La legislatura del séptimo Parlamento Europeo elegido por votación popular arranca en medio de una grave crisis económica (que podría dejar a la UE este año con un retroceso del PIB del 4% y con una tasa de paro cercana al 10%); con un marco institucional muy inestable, por la estancada ratificación del Tratado de Lisboa; y con varios Gobiernos de la UE tambaleándose tras las votaciones de los últimos cuatro días.

El escenario no puede resultar menos halagüeño para un Parlamento que estaba llamado a asumir nuevos poderes en política agrícola, energética o de inmigración y la capacidad, por primera vez en su historia, de emprender iniciativas legislativas, si contaba con la firma de al menos un millón de ciudadanos.

Pero los 736 eurodiputados elegidos ayer deberán conformarse, al menos de momento, con las mismas competencias que los 785 salientes porque el Tratado de Niza continúa en vigor. Y muchos llegarán a Estrasburgo y a Bruselas dejando en su país de origen una delicada situación política tras el batacazo electoral de los partidos en el poder (como en Reino Unido, Holanda, Austria, Hungría o Letonia).

El ingreso de Turquía o la reforma de la PAC pueden dividir a la nueva Eurocámara

El nuevo Parlamento contará, además, con la presencia de numerosos diputados que han prometido a sus votantes "frenar a Europa". Y el supuesto motor franco-alemán de la integración parece apostar por la Europa del ni-ni, como define Jean-Marie Colombiani, ex director de Le Monde, el ideario europeo de Nicolas Sarkozy y Angela Merkel: "Ni ampliación ni profundización".

Ese ambiente convulso contrasta con la envergadura de la agenda de trabajo de la nueva legislatura, cargada de proyectos que marcarán la dimensión política, económica y geográfica de la UE durante las próximas décadas. Las reformas más apremiantes atañen a los mercados financieros y a la organización de la zona euro. España, que asumirá la presidencia de la UE el próximo 1 de enero, quiere aprovechar su mandato semestral para impulsar, con el apoyo de París, el fortalecimiento del Eurogrupo (reunión informal de los ministros de Economía de la zona euro) como auténtico "brazo político" de la Unión Monetaria. La emergencia de ese contrapeso puede inquietar al BCE, pero contará, probablemente, con el apoyo del Parlamento.

Durante la nueva legislatura también se espera una ampliación de la zona euro. Varios países del Este ansían incorporarse tras el batacazo de sus sistemas financieros y la difícil sostenibilidad del tipo de cambio de sus divisas. E incluso Islandia, que ni siquiera está todavía en la UE, también podría buscar refugio en la moneda europea.

La Eurocámara también deberá pronunciarse sobre el previsible acercamiento de los países balcánicos hacia la UE (con Croacia a la cabeza), así como dejar encauzada, o en caminada hacia una vía muerta, las negociaciones para la incorporación de Turquía. El Parlamento saliente aprobó una resolución que, en línea con las tesis de Merkel y Sarkozy, señalaba que "no puede haber más ampliaciones con el Tratado de Niza en vigor".

Próximas ampliaciones

El debate sobre las próximas ampliaciones se caldeará, además, cuando a mediados de la legislatura se empiecen a negociar los futuros presupuestos comunitarios (los actuales expiran en 2013) y la enésima reforma de la Política Agrícola Común.

Ambos debates atraerán la atención de los 50 eurodiputados españoles elegidos el domingo. El primero, porque en los próximos presupuestos España confirmará de manera irrevocable su condición de contribuyente neto, es decir, un país cuya aportación a la caja común supera a los fondos comunitarios que recibe. Y la reforma agrícola, porque arreciarán de nuevo las voces partidarias de liquidar una de las escasas políticas comunes de la Unión Europea. La reciente crisis alimentaria, sin embargo, ha reforzado a quienes quieren que Europa mantenga una producción agrícola propia. Y en esa defensa, España podrá parapetarse tras la fortaleza francesa de la PAC.

España también tendrá un protagonismo especial durante la primera parte de la legislatura, porque su presidencia, en teoría, debe coincidir con la entrada en vigor del nuevo Tratado de Lisboa que amplía las competencias del Parlamento. Las elecciones de ayer, sin embargo, no han despejado el futuro de ese texto. Y algunos países, como Francia y Alemania, parecen resistirse a nombrar un nuevo presidente de la Comisión hasta que se aclare el futuro de Lisboa. En ese escenario, el caos institucional podría sumarse a la incertidumbre política y económica.

El puesto de presidente del Parlamento abre la batalla por el reparto de poder

La cuarta y última jornada de las elecciones europeas concluyó ayer a las 10 de la noche, hora española, en Polonia y en Italia. El cierre de los colegios electorales supone el pistoletazo de salida no sólo para el escrutinio, sino también para las negociaciones del reparto de cargos en la Unión Europea. A partir de hoy comenzarán los contactos para encuadrar a los 736 diputados electos en los futuros grupos políticos. El 14 de julio, en Estrasburgo, se constituirán formalmente esos grupos. Y al día siguiente se elegirá al nuevo presidente del Parlamento, en sustitución del Popular alemán Hans-Gert Pöttering. El favorito a sucederle es su compatriota, el socialista Martin Schulz. Pero la elección definitiva dependerá de un complejo regateo en el que los principales grupos políticos y los Gobiernos intercambian otros "cromos" institucionales, como la elección del presidente de la Comisión o los cargos de presidente de la UE y de Política Exterior que se crearán si entra en vigor el Tratado de Lisboa.

Los europarlamentarios estrenan estatuto, salario y sistema de dietas

Los 736 europarlamentarios elegidos ayer estrenarán en julio un nuevo estatuto que por primera vez iguala el salario de todos los miembros del Parlamento europeo. Hasta ahora, cada parlamentario un sueldo idéntico al de los diputados nacionales de su país de origen. En la legislatura que comienzan todos recibirán 7.665 euros brutos mensuales (5.963 netos) con cargo al presupuesto comunitario. El cambio supone una mejora para los eurodiputados españoles, pero perjudica a los de otros países, como a los italianos, aunque los que repitan mandato podrán acogerse al sistema antiguo.El salario se completará con una dieta diaria de 298 euros por cada jornada de asistencia al Parlamento. Y los desplazamientos a Bruselas o Estrasburgo se reembolsarán por el coste exacto del viaje y no, como hasta ahora, por una cantidad fija sin necesidad de presentar factura.El Estatuto sí establece una "tarifa plana" de 4.202 euros mensuales para que cada diputado cubra sus gastos logísticos.