El CSN respalda por unanimidad alargar la vida de Garoña diez años más
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha decidido, por unanimidad, avalar la renovación del permiso de explotación de la central nuclear de Garoña por diez años más. El Gobierno tiene ahora hasta el 5 de julio para decidir si respalda la propuesta del organismo o decide cerrar la planta.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha seguido el guión previsto por el sector y ha dado el visto bueno para que la central nuclear de Garoña siga funcionando diez años más. Tras seis días de reuniones, en los que ha analizado la situación de la central y la posibilidad de prorrogar su vida, el pleno del organismo firmó el viernes, por unanimidad, un informe favorable a que la planta siga abierta.
Los responsables del CSN remitieron el documento, de 4.000 páginas, al Ministerio de Industria en plazo y anunciaron su intención de entregar el informe en mano al ministro Miguel Sebastián el lunes, antes de una rueda de prensa en la que harán públicas sus conclusiones.
Fuentes del pleno del CSN avanzaron que la prórroga para operar diez años más está condicionada a que Nuclenor, la sociedad que comparten Iberdrola y Endesa para la gestión de la planta, acometa inversiones adicionales para garantizar su seguridad. Los propietarios de la nuclear han dejado aparcadas estas mejoras a la espera de recibir la autorización definitiva para que Garoña siga funcionando, dando que se trata de desembolsos "de muchos millones de euros".
La central tendrá que separar físicamente su cableado eléctrico para el año 2013
Así, el informe del CSN incide en la necesidad de que se separen físicamente los cables de suministro eléctrico dentro de la planta, una operación que sólo se puede llevar a cabo aprovechando las paradas de recarga que la central hace cada 18 meses. El plazo para acometer esta mejora se ha fijado en 2013. Garoña tiene paradas previstas en 2011 y 2013. Otras de las inversiones que tendrán que llevar a cabo Iberdrola y Endesa tienen que ver con la purificación de la sala de control y con el control de gases en el edificio de contención.
Las fuentes consultadas precisaron que, en todo caso, Garoña no parece una central de 38 años, ya que los propietarios ya han impulsado una profunda renovación de la planta burgalesa. "Es como un coche al que se le han cambiado todas las piezas importantes", explicaron de forma gráfica.
Desde su puesta en marcha en marzo de 1971, se han sustituido más de la mitad de los componentes y equipos de la planta. Además se han incorporado más de 2.500 nuevas modificaciones de diseño para adaptarla a nuevos requisitos. En la última década, Nuclenor ha invertido 150 millones de euros en la central y prevé destinar 50 millones más en el periodo 2009-2011.
La decisión del CSN no es vinculante para el Gobierno. El Ejecutivo tiene de plazo para pronunciarse hasta el 5 de julio, fecha en la que expira el actual permiso de operación de la nuclear. Ahora, los técnicos de Industria prepararán un informe a partir del elaborado por el CSN que llegará al secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y ministro Miguel Sebastián, que es quien tiene la última palabra. Cabe la posibilidad de que Sebastián decida llevar el tema al Consejo de Ministros para informar a sus compañeros de gabinete, dada la relevancia del asunto.
Las nucleares en España no tienen una vida limitada por ley. Desde el comienzo de su operación reciben permisos que se renuevan cada 10 años. Si el Gobierno decide mantener abierta la planta, se convertirá en la primera nuclear española que supere los 40 años de vida.
Cautela del PSOE y críticas del PNV y los ecologistas
La decisión del CSN fue acogida de forma diferente. Desde el PSOE, el secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, no quiso entrar en el fondo del asunto, y se limitó a recordar que la última palabra sobre el futuro de Garoña la tiene el Gobierno. Añadió que el CSN sólo trata temas relacionados con la seguridad, lo que es sólo "un argumento más" que tendrá que valorar el Ejecutivo, informa Europa Press.Abiertamente crítico fue el diputado del PNV Emilio Olabarría, quien expresó su "decepción" ante el informe favorable cuando, a su juicio, la central supone un "riesgo demostrado". Ecologistas en Acción criticó "la falta de transparencia y de sentido democrático" del CSN por no hacer públicas sus conclusiones antes de las Elecciones Europeas. La Junta de Castilla y León, sin embargo, se felicitó por el dictamen del Consejo.