Fusiones de cajas, pero eficientes
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció el viernes que, a pesar de la buena salud del sistema financiero español, algunas cajas tienen problemas. Pero a renglón seguido aclaró que no estarán solas para transitar los próximos dos o tres años, que sin duda se prevén duros, y confirmó el apoyo financiero del Estado. Eso sí, a cambio les lanzó una "invitación" a que inicien procesos de fusiones.
El mensaje del presidente está claro; sin embargo, la duda está en el destinatario. A simple vista podría intuirse que va dirigido a las cajas; aunque la realidad es que muchas ya han declarado, en público y privado, su interés por acometer fusiones con el fin de ganar volumen y eficiencia -amortizarían costes fijos y obtendrían sinergias- para competir en mercados más amplios. Incluso algunas ven en las integraciones la única vía para sobrevivir ante el deterioro que sus balances están sufriendo con la deflación de algunos de sus activos y el aumento de la morosidad.
El problema no estriba, pues, en la voluntad de la mayoría de las cajas de fusionarse. Por tanto, parece que Zapatero habló pensando en algunos Gobiernos autonómicos -con potestad legal sobre el sector- que imponen, las más de las veces, que las operaciones se circunscriban a entidades de la misma región. Lo cual no siempre tiene sentido económico. Las sucursales de las cajas de una misma comunidad suelen coincidir en la misma calle de muchas poblaciones y una fusión conllevaría el cierre de oficinas y el despido de trabajadores. Además, tampoco les abriría nuevos mercados, aunque, eso sí, les permitiría ganar volumen. Por otro lado, se puede cometer el error de forzar que una caja absorba a otra -por ser de la misma región- cuando su balance no está lo suficientemente saneado.
El Gobierno debería buscar fórmulas para limitar el poder de veto de los Gobiernos autonómicos y devolver poder al Banco de España. El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez tiene hoy las manos atadas a la hora de promover fusiones entre cajas realmente compatibles. Es obvio que el primer interesado en que una caja no tenga problemas es su Gobierno autonómico. Pero también es patente que a todos ellos les cuesta perder influencia, a juzgar por las desafortunadas declaraciones públicas que se están amontonando estos días.
El límite a esta querencia ha de ser, en aras de que el proceso de concentración financiera que se avecina llegue a buen puerto, que impere la racionalidad y la máxima eficiencia económica de cada una de las operaciones. Y ése ha de ser un objetivo que han de tener claros todos los actores con presencia en este nuevo sudoku. Es decir, el Ejecutivo, la oposición, el Banco de España y, muy especialmente, los Gobiernos autonómicos. Sería una enorme decepción que los hechos demostraran que los políticos no están a la altura de las circunstancias.