Elecciones al Parlamento Europeo

Un mercado muy desigual con 20 millones de parados

Bruselas y Estrasburgo deberán legislar sobre el dumping laboral, la semana de 65 horas y la homologación de títulos académicos.

En los últimos doce meses cuatro millones de europeos perdieron su empleo. Esto ha provocado que la cifra de parados de la Unión Europea haya superado la temible barrera de los 20 millones, elevando la tasa de paro de los Veintisiete al 8,6% en abril. Esta es, sin duda, la patata más caliente que hereda la futura Comisión Europea, y el Parlamento, con sede en Estrasburgo, que salga de las elecciones del domingo. La crisis ha azotado con virulencia a un mercado laboral europeo muy heterogéneo y desigual, lo que también se ha traducido en que el aumento del desempleo no ha sido el mismo en todos los Estados (España aporta el 40% de los nuevos parados).

Sin embargo, al igual que lo ocurrido con la siempre fallida armonización fiscal, todos los intentos de estandarizar las normativas laborales en el seno de la UE han sido estrepitosos fracasos. Así, en la legislatura que ahora termina, la Comisión Europea fue incapaz de sacar adelante cierta homogeneización de las condiciones laborales en Europa a través de la polémica Directiva de Servicios (también conocida como Directiva Bolkestein). Esta normativa perseguía garantizar la libre circulación de mercancías y servicios.

Pero la disyuntiva sobre qué legislación laboral debía aplicarse a los trabajadores de una empresa comunitaria que operara en otro país de la UE -las normas del país de origen de la empresa o las del Estado donde se realiza el trabajo- generó tal polémica que hubo que sacar de la directiva todo lo referente a los derechos laborales para que pudiera aprobarse.

Así, el dilema sobre los derechos aplicables a los trabajadores desplazados será también una de las prioridades que deberán solucionar los nuevos europarlamentarios, máxime después de que tres sentencias del Tribunal de Justicia de la UE dictaminasen a favor de las empresas que deslocalizaron sus negocios y en contra de las demandas sindicales.

Ante esta situación la Confederación Europea de Sindicatos pide incorporar un Protocolo de Progreso Social en los Tratados de la UE, que garantice la igualdad de derechos de los trabajadores comunitarios independientemente del país dónde trabajen e impida así el dumping laboral en los Veintisiete.

El otro gran intento de aunar las normas laborales estatales de la UE fue el acuerdo de los ministros de Trabajo de los 27 sobre la implantación de la semana laboral de 65 horas. Pero, en esta ocasión fue el Parlamento europeo el que rechazó este acuerdo, con lo que en la actualidad existe un vacío legal que deberán solucionar los nuevos representantes comunitarios.

En cualquier caso, la grave destrucción de empleo obligará a la futura Comisión a reactivar de forma inmediata medidas y normas más allá de ayudas y subvenciones exclusivamente económicas a los sectores que más puestos de trabajo destruyen, como es el caso del motor. Así, está pendiente una solución real a libre circulación de trabajadores que, salvo por las moratorias impuestas por algunos países a rumanos y búlgaros pasa, sin duda, por facilitar la homologación de títulos académicos. Este es precisamente, uno de los objetivos del discutido proceso de Bolonia, pendiente de aplicación en los Estados miembro.

Salario mínimo y permisos por maternidad

En la hoja de ruta de los nuevos representantes europeos estarán algunos asuntos en materia de derechos sociales y laborales que pueden levantar ampollas, y más en una situación de crisis como la actual.

En primer lugar, los Veintisiete tienen pendiente la creación de un salario mínimo obligatorio para todos los Estados. Dadas las enormes diferencias de los niveles salariales de los 27 Estados miembros, la Comisión debería buscar una fórmula para que este salario fuera proporcional a la renta de cada país. En cualquier caso, será una medida polémica que cuenta con el rechazo frontal de los empresarios, que las autoridad comunitaria podría plantear como un guiño social en tiempos de crisis.

El segundo de los temas pendientes es la ampliación de los permisos por adopción o nacimiento de hijo. Ya ha habido un primer intento de extender el permiso de maternidad a 18 semanas de forma obligatoria en toda la UE, algo que frenaron los populares en el Parlamento. Asimismo, se discutirá la obligatoriedad del permiso de paternidad en todos los Estados.

Finalmente, los Veintisiete deberán transponer la directiva sobre Empresas de Trabajo Temporal, que elimina los límites que tienen para operar en algunos sectores.