El 44% de los españoles considera ineficaces las medidas para luchar contra la corrupción
La lucha contra la corrupción en España no es todo lo eficaz que debiera. Así lo constata el Barómetro Global de Corrupción 2009, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, en el que se revela que el 44% de los españoles encuestados considera ineficaces las medidas que está adoptando hasta el momento el Ejecutivo. De hecho, sólo uno de cada tres cree que la lucha contra la corrupción está surtiendo algún efecto.
El informe, que recoge las opiniones de 73.132 personas de 69 países, asegura que la percepción global de la corrupción en España es de 3,2 puntos sobre un baremo que oscila entre 1 (nada corrupto) a 5 (muy corrupto). No obstante, ese nivel supone tres décimas menos que lo reflejado en la encuesta correspondiente a 2008.
Los partidos políticos siguen encabezando la lista de los sectores más corruptos, con una puntuación de 3,6 puntos (la media europea está en el 3,7) frente a los 3,9 del pasado informe. En segundo lugar se sitúa el sector privado, con 3,5 puntos, seguido por el Congreso y los medios de comunicación (ambos con un 3,1) , así como por el Poder Judicial y los funcionarios (3,0). Un dato que ilustra que la corrupción es un fenómeno enraizado en la sociedad española es que el 2% de los encuestados afirma que durante los últimos doce meses, él o alguien de su hogar había pagado algún tipo de soborno.
En la presentación del informe, el patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset y miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional, Antonio Garrigues Walker, señaló que los partidos políticos no pueden estar permanentemente siendo focos de corrupción económica. "En algún momento, la sociedad civil deberá decir se acabó y se deberán establecer mecanismos para que haya transparencia financiera en los partidos políticos", señaló.
En este sentido, el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, hizo referencia al último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), un organismo dependiente del Consejo de Europa, en el que se criticaba la opacidad financiera de los partidos políticos en España y se ponía de manifiesto las limitaciones de la nueva Ley de Financiación de Partidos.