Sebastián dice que el Gobierno baraja todas las opciones sobre Garoña
Industria remite a la CNE el borrador con las normas sobre el bono social.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró ayer que su departamento "está barajando todas las alternativas posibles" sobre la renovación de la autorización de la central nuclear de Santa María de Garoña. En una comparecencia en la Comisión de Industria del Senado, Sebastián explicó que "no se tomará una decisión hasta que no salga el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)", e insistió en que la seguridad de la planta será un aspecto "clave".
Para el ministro, "es verdad que las nucleares tienen ventajas e inconvenientes. Les pasa como a las personas, que hay algunas que con 20 o 30 tienen achaques y otras que con cincuenta están estupendas".
Industria espera para esta semana el informe del CSN y si su contenido lo permite, dispondrá de un mes para tomar una decisión definitiva acerca de la continuidad de la planta. Por otro lado, Sebastián aseguró que el precio de la nueva tarifa de último recurso (TUR), que entra en vigor el 1 de julio y se aplicará a casi 25 millones de clientes, no se conocerá "hasta dentro de un par de semanas", ya que su departamento debe conocer aún "la evolución del déficit tarifario".
Y añadió que "ahora la subida de la luz va a ir en función de la evolución del déficit tarifario, y ese dato no lo vamos a tener hasta dentro de un par de semanas", afirmó en declaraciones a los medios de comunicación tras la comparecencia.
A partir del 1 de julio, las actuales tarifas integrales de la luz quedarán sustituidas por la TUR, a la que podrán acogerse potencias inferiores a 10 kW y que consistirán en un precio fijado por Industria a partir de una fórmula de revisión automática.
Por otro lado, el ministro dijo que su departamento espera en un primer momento "un millón de solicitudes" del bono social por parte de los colectivos que, para beneficiarse del mismo, deban acreditar su situación ante las comercializadoras.
Industria calcula que cerca de cinco millones de hogares tendrán derecho a acogerse al nuevo bono, del que se beneficiarán automáticamente los usuarios de la tarifa social. Las pensiones mínimas, las familias numerosas y las familias con todos los miembros en paro deberán solicitarlo a las empresas.
Ante el malestar generado entre las eléctricas sobre la falta de criterios para aplicar el bono, Industria anunció ayer que ha remitido a la CNE un borrador sobre "las normas" del mismo, donde no hay ninguna novedad ni aclaración sobre lo previsto.
El ministro explicó, asimismo, en el Senado que la publicación de la prospectiva energética del Gobierno hasta 2030 está pendiente de la incorporación de las previsiones de implantación del coche eléctrico y que Industria dispone de un plan de sustitución de contadores de telemedida "más rápido de lo previsto".
El bono automático
Las eléctricas están obligadas a aplicar el bono social automáticamente a la primera vivienda de los clientes de menos de 3 kW. Y lo harán, aunque carecen de datos sobre la vivienda, y pese a que muchas carecen de interruptor de potencia.