Los expertos creen que la crisis servirá para ajustar el modelo de buen gobierno

Los expertos en buen gobierno vuelven a tener más trabajo del habitual. Si algo útil han demostrado tener las crisis es su capacidad hacer relucir los problemas. Y los relacionados con el buen gobierno, también. Si de las crisis de Enron y Parmalat surgió una oleada de transparencia, la actual está sirviendo para analizar si se deben reforzar algunas de estas recomendaciones para convertirlas en normas de obligado cumplimiento. Y algunos expertos creen que debe ser así. Es el caso, por ejemplo de José María Garrido, miembro del consejo asesor en buen gobierno de la CE, que considera que aspectos relacionados con la remuneración del consejo y con las operaciones vinculadas deberían regularse por ley. Así lo aseguró ayer durante su participación en la jornada organizada por el Foro buen gobierno y accionariado, un proyecto conjunto de Irco, centro de investigación de la escuela de negocios Iese, y la consultora de comunicación Inforpress.

Por su parte, Aldo Olcese, consejero de varias empresas y miembro de la Real Academia de Economía, abogó por la especialización y dedicación de los administradores y afirmó que "debería devenir en regulatorio el tema de las remuneraciones y también el del número mínimo de independientes".