Entre PSOE y PP sólo hay acuerdos para la banca
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, reanudarán el diálogo sobre el plan de rescate que el Gobierno prepara para la banca y las cajas de ahorro después de las elecciones del domingo. Antes de Semana Santa, Montoro recibió cuatro folios con el guión general elaborado en el Ministerio de Economía para reflotar a las entidades en dificultades. Se compone de tres fases. Una primera, en la que se deja a las cajas donde pueden darse problemas de solvencia que hagan sus aproximaciones, una segunda en la que se abrirían las puertas del Fondo de Garantía para auxiliar a aquellas marcas con futuro, y una tercera en la que se optaría, llegado el caso, por la liquidación de las que no tuvieran salvación posible.
Todavía nos encontramos en la primera etapa, pero el PP respondió a este documento con otro complementario en el que, sobre todo, acentúa la exigencia de que las entidades que obtengan inyección de dinero público se alejen del control de los mismos gestores, ya sea políticos ya sean técnicos, que han provocado los problemas.
Ello supone cambiar la Ley Orgánica de Cajas de Ahorro y la pérdida de competencias por parte de las comunidades autónomas. El Banco de España es favorable a esta reforma, pero el Gobierno no se atreve a meterse en esta cruzada. Con el texto preliminar elaborado por el Ejecutivo, aseguran en el PP, podría darse el caso de que Caja Castilla La Mancha, después de su saneamiento, volviera a estar controlada por los culpables de una gestión deficiente.
Al final, habrá acuerdo, por un principio de responsabilidad. Pero antes de que Mariano Rajoy de el visto bueno, el Gobierno tendrá que haber realizado las señales oportunas para convencer a la opinión pública de que no ha tirado el dinero, aseguran fuentes del PP y de CiU. Y, sobre todo, de que cada operación de rescate tendrá sus compensaciones. El primer partido de la oposición necesita armarse de argumentos suficientes para demostrar a su clientela más exigente que en esta crisis no se privilegiará con su apoyo a unos sectores frente a otros.
El desconsuelo proviene de que el diálogo entre el Gobierno y el PP para afrontar la crisis económica y acelerar la salida, acaba aquí. No existe voluntad alguna de ir más allá, toda una paradoja si se compara con lo ocurrido en la anterior legislatura. Con bastante más ruido que ahora y con una coyuntura económica mucho más desahogada, el PP fue capaz de pactar con el Gobierno entre 2004 y 2008 un paquete legislativo tan amplio que incluyó, entre otras iniciativas, la reforma de la ley del Mercado de Valores, la nueva ley de Defensa de la Competencia, la ley de Opas, la ley que regula las entidades de capital riesgo, la nueva norma contable, la norma que regula los intermediarios financieros, la de coeficientes de inversión (Basilea 2), la ley Hipotecaria, la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear y la ley de Contratos del Estado.
En cambio, desde las últimas legislativas, el primer partido de la oposición sólo ha respaldado, y con muchos matices, las medidas destinadas a socorrer al sistema financiero. Facilitó su apoyo a la creación del fondo de liquidez para la banca y a la concesión de avales por un importe de hasta 100.000 millones de euros. Posteriormente, ayudó también a convalidar el decreto que permitió la intervención de Caja Castilla La Mancha y, en muy contadas ocasiones, como a la hora de agilizar el pago de los ayuntamientos a las empresas, se ha sumado también al consenso parlamentario con el Gobierno.
A estas alturas del curso, parece evidente que el PP no está dispuesto a convertirse en cómplice de algunos de los acuerdos alcanzados por los ministros económicos con otros sectores clave. Por ejemplo, en la reciente convalidación del real decreto que permitirá avalar el déficit de tarifa de las eléctricas, el PP se abstuvo, pero estuvo a punto de votar en contra. Lo impidió Mariano Rajoy.
Acorralar al PSOE en el Congreso se ha convertido en una prioridad para el PP, donde en los últimos meses le ha hecho perder al Gobierno casi una docena de votaciones. Si José Luis Rodríguez Zapatero se viera obligado a cumplir los emplazamientos que le ha hecho el Congreso, no sólo tendría que abdicar de buena parte de su programa electoral, sino que, además, se vería abocado a gastar anticipadamente parte de esos 150.000 millones que Elena Salgado dice que aun tiene de margen para reactivar la economía con medidas selectivas.
El problema es que el PP, con el apoyo de casi todo el arco parlamentario, es el que ha hecho su propia selección. En las últimas semanas, hemos visto como, en contra del criterio del PSOE, la Cámara Baja ha aprobado iniciativas para ampliar la exención del IVA al arrendamiento de viviendas vacías, crear un fondo estatal para afrontar los impagos de hipotecas o aplicar un plan de ayuda al sector agrario.
Por suerte para las arcas de Hacienda, no hay nada que vincule al Ejecutivo con estas propuestas, más allá del testimonio político, pues se trata de mociones, o proposiciones no de ley. La mayoría fueron aprobadas en el Congreso contra la voluntad del PSOE y hay también unas cuantas que han prosperado con su voto forzado.
Al caer estas iniciativas en saco roto, se relaja la preocupación de algunos ministros y ex ministros que no ven el momento de frenar la orgía de estímulos fiscales aprobados en el último año y medio. Pero la prueba del algodón llegará pronto con la negociación presupuestaria, en la que no caben los enjuagues vividos con motivo de las resoluciones del estado de la nación votadas hace unos días.
En el Gobierno se considera relativamente fácil seducir a Coalición Canaria (atención a un futuro cambio de socios en el Gobierno insular) y al resto de las minorías para sacar este proyecto de ley adelante. Será más fácil o difícil, dependiendo de lo que pase el domingo en las europeas.