Industria impulsa el cobro de 1.600 millones a las eléctricas por el CO2
Industria ha remitido a la CNE por trámite de urgencia la orden ministerial que establece el método para calcular la detracción de ingresos por el CO2 a las eléctricas en 2008 y primer semestre de 2009. El ministerio tiene apenas un mes de plazo para aprobar estos cobros pendientes, pues a partir del 1 de julio quedará derogado el real decreto ley que los establecía y las eléctricas podrían alegar retroactividad.
El ministerio que dirigeMiguel Sebastián no ha querido correr el riesgo de que las eléctricas se libren por la campana de tener que devolver los ingresos que se han embolsado en el último año ymedio por trasladar a los precios los derechos de emisión de CO2. Una minoración que quedará derogada a partir del 1 de julio, tal como establece el real decreto ley sobre el déficit de tarifa que entró en vigor hace varias semanas, pero que no afecta a los ingresos que por dicho concepto hayan recibido las empresas hasta esa fecha.
Industria tenía que haber publicado hace tiempo la correspondiente orden ministerial que debe fijar cada año el cálculo para la detracción. Y, aunque había pactado con las empresas del sector que las cantidades pendientes se cobrarían, el tiempo juega en su contra, pues dispone de poco más de un mes para ello. Aun con todo, las eléctricas han logrado librarse para el futuro de una norma, ligada al segundo Plan Nacional de Asignaciones (2008-2012) aprobada durante el mandato de Joan Clos como ministro de Industria, y que ha sido el verdadero caballo de batalla del sector en este tiempo.
Por el momento, Industria remitió el pasado día 25 a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para su informe por trámite de urgencia la orden ministerial que establece la detracción de 2008 y el primer semestre de este año. Se trata de una resolución que incluye las fórmulas para calcular lo que se debe restar a las cinco grandes eléctricas en este periodo, tal como se había hecho en 2006 y 2007.
En ese primer año seminoró a las empresas más del mil millones de euros y en el segundo, la CNE calculó en su día 50,6 millones, si bien, la orden ministerial correspondiente tampoco se ha publicado, aunque en este caso no hay riesgo pues la norma que lo regula no se va derogar. Las cantidades dependen cada año del precio al que las eléctricas compran los derechos de CO2 en el mercado de emisiones.
Dado que la metodología que incluye la orden ministerial es la misma que en aquellos años, se calcula que las afectadas deberán pagar 1.074 millones por el año 2008 y 436 millones por los seis primerosmeses de 2009, en total, 1.560 millones.
Estos pagos "tendrán la consideración de ingresos liquidables del sistema" y "se dedicarán a reducir el déficit ex ante de ingresos del sistema eléctrico en el año 2008 y ejercicios siguientes", según el borrador de orden ministerial remitido a la CNE.
Aunque las eléctricas reconocen haber pactado este pago, el escasomargen para la publicación de la orden ministerial hacía temer que éstas pudieran alegar retroactividad si no se publica antes del 1 de julio. Ese día quedará eliminado el polémico real decreto ley aprobado en diciembre de 2007 por Industria sobre la minoración del CO2. Esta afecta a las instalaciones del régimen ordinario en la península, sea cual sea su tecnología.
Riesgo de escape
El temor era tal que el Gobierno se ha llegado a plantear la introducción de una corrección de errores en el real decreto ley de medidas energéticas y creación del bono social que ha sido convalidado por el Congreso con el voto a favor de todos los grupos políticos y la abstención del PP. Se trataba de dejar atado que no habría retroactividad en el caso de no poder aprobar la orden ministerial antes de julio. Fuentes próximas al Ejecutivo no descartan publicar dicha corrección.
Por el momento, la CNE se limitará a informar una orden ministerial escueta y que incluye sólo las fórmulas de cálculo y, posteriormente, podrá determinar las cantidades. El ministerio luego realizaría algunos ajustes, tal y como ocurrió con la única minoración que se ha realizado de hecho hasta el momento, la del año 2006.