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Los inversores podrán comprar hasta el 10% de las entidades sin autorización previa

La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso aprobó hoy que los inversores puedan comprar participaciones de hasta el 10% en entidades financieras sin necesidad de recibir autorización, frente al límite del 5% vigente.

No obstante, deberán seguir comunicando cualquier participación igual o superior al 5%. Esta modificación se incluye en el proyecto de ley que reforma la ley del Mercado de Valores, la ley sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la ley de ordenación y supervisión de seguros privados, que hoy recibió el visto bueno del Congreso.

La modificación se centra principalmente en cambiar el régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, entidades de crédito y aseguradoras.

En función de la reforma, deberán notificarse al supervisor correspondiente para su evaluación aquellos casos en que la participación en el capital o los derechos de voto iguale o supere los umbrales del 20%, 30% y 50%.

Además, se introducen nuevos criterios para evaluar la idoneidad del potencial comprador, como la honorabilidad y solvencia de los futuros administradores de la entidad, la capacidad de la entidad de cumplir con las obligaciones normativas que les resulten exigibles y la existencia de indicios racionales de la realización de operaciones de blanqueo o financiación del terrorismo.

A partir de la entrada en vigor de la norma, el plazo total máximo para que los supervisores terminen de evaluar y notifiquen la existencia o no de oposición a la adquisición será de 60 días hábiles y se mantendrá el silencio administrativo positivo.

En virtud de una enmienda introducida por el grupo socialista, que introduce la obligación de comunicar "a posteriori" las participaciones que, no siendo significativas, supongan alcanzar o superar el umbral del 5% del capital de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.

Se considerará participación significativa el 10% del capital o los derechos de voto de una gestora.

La Comisión rechazó la enmienda del PP que perseguía proteger a los accionistas minoritarios frente a las acciones concertadas entre compañías mediante la inclusión en la ley una "presunción destruible" a través de prueba en contra a cargo del interesado.

Esta medida pretendía evitar que adquisiciones de participaciones por debajo del 30% puedan ser "burdamente burladas" y queden fuera del examen del regulador, de forma que ante la existencia de indicios de concertación tales actuaciones puedan ser examinadas de oficio por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Respecto al proyecto de ley por el que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, se establece que el Estado cubrirá a través de este organismo parte de los riesgos de impago empresariales y de las pérdidas que esos incumplimientos ocasionan a las aseguradores de crédito.

El texto, al que no se presentaron enmiendas, tiene por objetivo facilitar operaciones comerciales por importe de hasta 40.000 millones de euros y aumentar la capacidad de asunción de impagos por valor de 10.250 millones.

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