Aguirre exige que la garantía de pago hipotecario se limite al piso
La legislación española es clara: cuando se produce el impago de la hipoteca, si el valor del inmueble no cubre la deuda, el titular debe responder con el resto de su patrimonio. La Asamblea de Madrid acaba de aprobar una proposición no de ley, a instancias de IU y con el apoyo del PP, en la que insta al Gobierno central a que modifique la norma para que la garantía de pago se limite a la casa.
La subida de los tipos de interés que ahora mitiga, pero, sobre todo, la pérdida del empleo ha abocado a miles de familias a una situación dramática. La merma de ingresos hace cuesta arriba el pago de las cuotas hipotecarias, por lo que cada vez son más los hogares que temen la pérdida de sus casas.
El problema se acentúa cuando buena parte de esas familias acude a su entidad bancaria a renegociar los términos del préstamo y al plantear qué ocurrirá si, pese a todo, no pueden seguir pagando. En este momento descubren que la ley fija que no vale sólo con renunciar a la propiedad. "En caso de no ser suficiente el valor del bien ejecutado para pagar la deuda, se recurre en segundo término a completar el cobro con cargo a otros bienes patrimoniales presentes y futuros del deudor", recalcan desde la Asociación Hipotecaria de España (AHE).
Sin embargo, en el crédito hipotecario de Estados Unidos y del resto de países anglosajones el deudor responde sólo con la garantía hipotecaria.
La Asamblea regional insta al Gobierno a que cambie las leyes que sean necesarias
"Estamos ante dos concepciones distintas que rigen en los mercados desde tiempos históricos y que configuran su funcionamiento y estabilidad", insisten en la AHE. Ante la posibilidad de que el número de impagados siga multiplicándose (el último dato de dudosidad entre los hogares con hipoteca es del 2,36%, cuando hace un año era la mitad), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya había manifestado en algunos foros su deseo de que la ley española cambiara. Esta voluntad se acaba de aprobar en el Parlamento regional.
La Asamblea de Madrid ha dado luz verde, con los votos a favor del PP e IU y la abstención del PSOE, una proposición no de ley que pide al Gobierno de la nación una reforma normativa que garantice que las personas que pierden su casa por no pagar la hipoteca cancelen en ese momento su deuda hipotecaria.
El diputado autonómico y coordinador general de IU-Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, promotor de la iniciativa, destacó que ésta podría beneficiar a las 76.000 familias que, según sus cálculos, serán desahuciadas este año como consecuencia de la crisis.
Gordo explicó que se trataría de implantar el modelo del "mundo anglosajón" donde, si el precio de la vivienda desciende por debajo del valor de la hipoteca, el deudor la puede entregar al banco y dar por cancelada la deuda pendiente de cobro. A su juicio, la situación económica española, con "más de un millón de familias con todos sus miembros en paro", hace que el Gobierno deba adoptar esta medida con "urgencia".
Viviendas más baratas
Asimismo, los precios de la vivienda descendieron una media del 6,8% en el primer trimestre de este año, según la estadística que elabora el Ejecutivo. La mayoría de expertos no duda que las rebajas serán mayores este año y el que viene, por lo que el riesgo de que el valor del inmueble no cubra la deuda pendiente es más real cuanto mayor sea el porcentaje del valor de tasación que se ha solicitado como hipoteca.
Por ello, no es de extrañar que el texto aprobado inste al Gobierno a la "modificación de cuantas normas sean precisas" para cambiar la realidad actual y también pida la "regulación de un seguro de garantía de pago hipotecario para la primera vivienda familiar". El PP en la Asamblea respaldó estas dos cuestiones, siempre y cuando la suscripción del seguro sea voluntaria.
La propuesta de IU incluía, además, la creación de un organismo público supervisor del sistema de tasaciones utilizado por las entidades de crédito y de un Fondo de Garantía hipotecaria dotado inicialmente con 500 millones de euros, pero el PP -con mayoría absoluta en la Cámara- no aceptó esos otros dos aspectos.
A menor seguridad, créditos más caros
Los expertos coinciden: cuanto menores sean las garantías de cobro, los créditos serán más caros. En la Asociación Hipotecaria no tienen dudas de que cualquier modificación retroactiva en los contratos existentes produciría unos efectos negativos mayores que el beneficio perseguido.Teniendo en cuenta que las entidades financieras tienen una parte significativa de sus carteras, que puede llegar al 40%, movilizadas en los mercados de capitales y respaldadas por esas garantías, un cambio en la responsabilidad patrimonial provocaría que el mercado español fuera inexorablemente expulsado de los mercados internacionales. Y si la modificación se planteara sólo para las hipotecas futuras, a la luz de lo ocurrido con los préstamos subprime, los analistas vaticinan porcentajes de financiación mucho más bajos y plazos más cortos.