El PSOE logra el apoyo de CiU para convalidar el decreto del déficit de tarifa
El Gobierno conseguirá hoy convalidar en el Congreso, sin necesidad de tramitarlo como proyecto de ley, el real decreto para poner freno a la sangría del déficit de tarifa. El PSOE ha pactado el apoyo de Convergència i Unió, que le garantiza la mayoría absoluta para sacar adelante la iniciativa y espera que también se sumen a ella el PP y PNV, partidos sobre los que las compañías eléctricas han ejercido presiones en los últimos días.
Con el voto a favor de los 10 diputados de Convergencia i Unió, el Gobierno tiene garantizada la convalidación de este real decreto ley con mayoría absoluta, ya que el PSOE aporta 169. No le harían falta, por tanto, más apoyos, aunque la presión ejercida por las compañías eléctricas sobre el resto de los grupos, principalmente sobre el PP y sobre el PNV, convierte en algo más que probable su respaldo a esta iniciativa.
Los responsables económicos de ambas formaciones estudiaron ayer tarde la postura a adoptar, sin descartar una solicitud al pleno para que encauce el texto legal como proyecto de ley y, por tanto, se mantenga abierto durante el trámite parlamentario a las correspondientes modificaciones.
Mientras las grandes eléctricas han hecho llegar a los principales partidos su satisfacción por el contenido del real decreto ley, los representantes de las empresas eólicas y fotovoltaicas han presionado en dirección contraria. Consideran que el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros genera incertidumbre en el sector y pone en peligro las inversiones ya ejecutadas por las compañías. La norma prevé la aplicación de un bono social para determinados colectivos, el aval del Estado para que las empresas puedan titulizar la deuda pendiente y la que se genere hasta 2013 y un registro de preinscripción de las instalaciones renovables como requisito para recibir la prima correspondiente. Así se controlará que no entre más potencia renovable que la marcada en los objetivos de la planificación energética.
Izquierda Unida será el grupo que asuma en el debate de hoy la mayoría de los argumentos de las renovables. Su voto será, pues, negativo, y también solicitará que el real decreto se tramite como proyecto de ley para que esté sujeto a enmiendas. En opinión del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, la iniciativa supone "un freno claro a las energías renovables".
En el PNV no se comprende tampoco cómo Industria no llevó al Consejo de Ministros un texto pactado con todos los sectores afectados. El Gobierno no se había dirigido todavía a última hora de ayer a los nacionalistas vascos para recabar su apoyo, por lo que sus diputados están reflexionando sobre su voto final.
Con el real decreto ley publicado en el BOE el 30 de abril (más de una semana después de aprobado por el Consejo de Ministros), Industria busca poner freno al déficit de tarifa, que es una deuda que los consumidores han contraído con las eléctricas, debido a que las subidas aprobadas por el Gobierno no cubren los costes. Desde 2.000 se han acumulado unos 14.000 millones y el real decreto ley admite otros 9.500 millones hasta 2013.
Estudio del futuro energético
El pleno del Congreso votará también hoy a favor de la creación de una subcomisión que estará encargada de analizar la estrategia energética española para los próximos 25 años.
La Comisión de Industria, que preside Antonio Cuevas, ya dio su visto bueno a esta iniciativa el pasado mes de abril con los votos favorables de todos los partidos en ella representados. Los principales promotores de la misma fueron el PP y CiU.
Una corrección de errores sobre el CO2
Una de las medidas más controvertidas del real decreto ley sobre medidas energéticas que hoy convalidará el Congreso es la derogación de otro real decreto ley que la propia Cámara aprobó hace algo más de un año, por el cual, se resta a las eléctricas los ingresos que reciben por trasladar a los precios de la electricidad los derechos de emisión de CO2 que reciben gratuitamente.Teniendo en cuenta que dicha detracción se debe calcular e incluir cada año en una orden ministerial y que Industria no ha publicado aún la de los dos últimos años, que sumarían unos 1.600 millones, las eléctricas tienen pendiente esta devolución. Además, el ministerio y las empresas así lo han pactado.Sin embargo, ante las dudas surgidas por la posibilidad de que el propio texto legal, que entrará en vigor el 1 de julio, permita a las empresas escapar de su obligación, si antes de esa fecha no se aprueban las citadas órdenes ministeriales, Industria está estudiando incluir en él una corrección de errores. Algo que puede hacer incluso después de su convalidación.Se trata de incluir un párrafo en el que se precise que, a todos los efectos, la caducidad del real decreto ley que minora los ingresos por CO2 no impedirá cobrar las cantidades pendientes. Esto es, las empresas no podrían alegar retroactividad. Un riesgo que existe, según fuentes jurídicas, tal y como está redactada ahora la norma.
Miedo al 1 de julio
Las eléctricas temen que el bono social, que deben aplicar a partir del 1 de julio, se vuelva contra ellas, pues Industria no les ha proporcionado unos criterios homogéneos para ello. Del bono, o tarifa reducida, se beneficiarán varios colectivos.
