PP y CiU exigen concesiones para las ETT en la mediación laboral
Los diferentes grupos políticos han aprovechado la debilidad parlamentaria del Gobierno para someter hoy a votación en el Congreso de los Diputados iniciativas que superan con mucho los anuncios realizados por José Luis Rodríguez Zapatero en el reciente debate del estado de la nación. El PP y CiU exigen en sus resoluciones una nueva regulación para las empresas de trabajo temporal que les otorgue un alto grado de protagonismo en la intermediación laboral.
El PP defiende sin ambages que se permita la colaboración público- privada en los servicios de empleo en tareas como la colocación, la búsqueda de trabajo, la formación y la recolocación de los parados. CiU es partidaria de regular la adecuación de las ETT como "agentes globales de empleo" para que, además de sus funciones habituales de puesta a disposición de trabajadores, puedan desarrollar servicios de intermediación laboral, selección, formación y recolocación de trabajadores en desempleo. En todo caso, advierten los nacionalistas catalanes, dichos servicios serían gratuitos para los trabajadores. CiU también defiende que se permita la contratación de empresas de trabajo temporal por parte del sector público.
El PSOE ha eludido recoger estas propuestas en sus iniciativas porque es consciente de que se encontraría con un enérgico rechazo en los dos principales sindicatos. En la votación que esta tarde está prevista en el Congreso, el grupo mayoritario intentará que a las resoluciones del PP y CiU no se sumen otros grupos parlamentarios, circunstancia que colocaría al Gobierno en un cierto grado de compromiso.
Las negociaciones para enmendar las diferentes propuestas de resolución consumieron casi toda la jornada de ayer, ya que buena parte de las iniciativas que defienden los grupos de oposición exceden en mucho los principales anuncios efectuados por José Luis Rodríguez Zapatero en el reciente debate del estado de la nación. Los textos del PP y CiU son los que más puntos en común tienen en el área laboral.
Para mantener el empleo, los nacionalistas catalanes proponen reducir en un 30% las cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas con menos de diez trabajadores en plantilla que hayan mantenido o aumentado la misma en el último año. CiU defiende también aplicar bonificaciones del 25% en las cotizaciones de los trabajadores de entre 55 y 60 años que lleven más de cinco años en plantilla, así como bonificaciones del 50% a los trabajadores autónomos mayores de 55 años.
La propuesta de reforma laboral que el PP ha plasmado en sus resoluciones sigue pecando de poco concisa. En el texto presentado en el registro del Congreso se defiende la mejora del sistema de Formación Profesional, la eliminación de la dualidad del mercado de trabajo mediante reformas legales, garantizando la plena vigencia del principio de causalidad en la contratación. El PP quiere fortalecer también la negociación colectiva, permitiendo la adaptabilidad de los convenios a los cambios del entorno productivo y de la empresa.
Prestaciones sociales y autónomos
El Grupo Parlamentario Socialista coincide con los grupos de izquierda de la Cámara Baja en la necesidad de ampliar las prestaciones por desempleo y en mejorar las condiciones de los trabajadores autónomos, en sintonía con la moción aprobada por el Congreso el pasado 17 de marzo.
Entre los compromisos del Gobierno con este colectivo, figura mejorar la financiación y garantizar el pago de las deudas contraídas por las administraciones públicas, mediante la firma por el ICO de convenios con las comunidades autónomas.
El PSOE recoge también en una resolución la elevación hasta el 80% del porcentaje del pago único de la prestación por desempleo destinado a inversión para jóvenes de hasta 30 años de edad y mujeres hasta 35 que inicien una actividad como autónomos. La contratación indefinida del primer trabajador del autónomo estaría bonificada con el 50%.
Choque frontal en la deducción por vivienda
La intención del Gobierno de suprimir la desgravación por compra de vivienda en 2011 sigue encontrado un enérgico rechazo en el PP y en los grupos nacionalistas, que aspiran a promover un plan alternativo para reactivar el sector de la construcción y facilitar el desbloqueo del stock de pisos sin vender.A la vista de las discrepancias originadas por su propuesta inicial, el Gobierno ha optado por presentar, a través del PSOE, una propuesta de resolución que deja en el aire el techo de los 24.000 euros a partir del cual nadie tendría derecho a las deducciones vigentes por compra de vivienda a partir de 2011.Esta misma propuesta defiende los incentivos fiscales al arrendamiento, también sin precisar, con el objetivo de promover la vivienda en alquiler.En la propuesta que el PP someterá hoy a votación se propone el aumento de la deducción por compra de vivienda habitual en el IRPF del 15% al 25% y la elevación del límite de la deducción a 10.000 euros, con el fin de facilitar a las familias con hipoteca el cumplimiento de sus obligaciones.El primer partido de la oposición propone mantener la actual reducción del 100% de los rendimientos inmobiliarios por alquiler de vivienda habitual a los menores de 35 años y retirar la propuesta de modificar esta reducción y aplicarla sólo a los jóvenes menores de 30.