Las eléctricas alertan sobre el millón de pymes que se quedará sin tarifa

A partir de julio más de un millón de clientes, la mayoría pymes, quedarán fuera de la única tarifa que sobrevivirá: la de último recurso. Las eléctricas exigen reglas urgentes para proceder a una transición y consideran excesivas las subidas que Industria pretende para los clientes que no vayan pasando al mercado.

Los consumidores con una potencia contratada superior a 10 kW de potencia, en su inmensa mayoría pymes, están recibiendo estos días una carta de su distribuidora eléctrica. Se trata de un modelo de comunicación oficial que las distribuidoras están obligadas a remitir a este tipo de clientes, en la que se les informa de que a partir del 1 de julio "deben proceder a contratar el suministro con una empresa comercializadora a un precio libremente pactado".

Sin aclarar al cliente que esta medida es una exigencia del reciente real decreto por el que se crea la tarifa de último recurso (TUR), la única que subsistirá y a la que sólo tendrán derecho quienes tengan menos de 10 kW, la carta advierte de lo que le podría pasar si no firma un contrato en el mercado libre antes del 1 de julio. Así, indica la carta, "su suministro pasará automáticamente" a ser asumido por la comercializadora de último recurso de la compañía eléctrica a la que pertenece su distribuidora.

Eso sí, se le aplicará "un precio que será superior al de mercado y que se irá incrementando automáticamente en el tiempo". Aunque a mes y medio de que estas medidas entren en vigor aún no se ha aprobado el correspondiente reglamento, los borradores que han circulado establecen una tarifa disuasoria para quienes no vayan a mercado, que aumentará un 5% cada trimestre, hasta el mes de abril de 2009, lo que supondría una subida acumulada del 15%.

A partir de esa fecha, la subida será del 20% y si en el trimestre posterior el cliente no cambia, se quedaría sin suministro.

A la vista de lo que ocurrió el año pasado con las grandes empresas industriales, cuyo paso al mercado libre provocó serios problemas (que se agravarán en este caso, pues el número de los pequeños clientes es muy superior), las eléctricas, a través de Unesa, han exigido al Ministerio de Industria que publique urgentemente el reglamento. Además, han pedido que se eliminen dichos recargos.

Sólo los clientes regulados con más de 10 kW de Endesa e Iberdrola son más de un millón: la primera, 550.000 y la segunda, 500.000. Estos, sumados a los de las tres compañías restantes que, según la norma, podrán ser suministradores de último recursos, suponen un total de 1,35 millones. Fenosa tiene 198.000; Hidrocantábrico, 20.000 y Eon España, unos 80.000.

Se trata de cinco sociedades que las grandes eléctricas han tenido que constituir con este fin: Endesa Energía XXI; Iberdrola Comercialización de æscaron;ltimo Recurso; Unión Fenosa Metra; Hidrocantábrico Energía æscaron;ltimo Recurso y Eon Comercialización de æscaron;ltimo Recurso.

Una de las quejas de las empresas es la rigidez de la carta oficial, pues su contenido no resulta muy clarificador, así como el escaso plazo del que van a disponer para la adaptación.

Además, hay que tener en cuenta que con el nuevo sistema de TUR, las empresas deben duplicar el número de contratos: los clientes deben firmar uno con el nuevo suministrador y otro con la distribuidora, que seguirá explotando sus redes, leerá los contadores y se ocupará del servicio de averías. En el caso de Endesa, por ejemplo, debe realizar 20 millones de contratos, pues cuenta con 10 millones de clientes.

Y pese a que las dos grandes eléctricas están ofreciendo descuentos a pymes del 12% sobre el precio de mercado, hay serias dudas de que haya traspasos relevantes antes del 1 de julio. Las promociones servirán, no obstante, para robarse clientes entre ellas.

Criterios comunes

En cualquier caso, urge la publicación del reglamento, aseguran en una compañía, "para que todas podamos tener criterios homogéneos" y evitar, así, que se repita el conflicto que se desencadenó hace unos meses con la facturación mensual del recibo de la luz, cuando las compañías se vieron obligadas a estimar los consumos sin un método común.

Por cierto, que esta metodología fue aprobada por Industria el viernes y entrará en vigor en los próximos días.

Conflicto a la vista por el nuevo bono eléctrico

La alarma social generada a principios de 2009 por el cambio de periodicidad de la factura de la luz, que desde noviembre es mensual, resultará una broma ante la que se avecina por la aplicación del bono social desde el 1 de julio. Este es el sentir general de las empresas del sector, que carecen de un criterio inequívoco para hacer los descuentos que, según el reciente real decreto de medidas energéticas, deben hacer a varios colectivos. Concretamente, a quienes tengan menos de 3 kW de potencia; a familias numerosas; a perceptores de pensiones mínimas mayores de 60 años y familias con todos los miembros en paro.Aunque, en el primero de los casos, el bono parece de fácil aplicación (pues la compañía sabe de antemano quienes tienen dicha potencia), la cuestión se complica pues sólo debe aplicarse, en todos los casos, a la vivienda habitual. Un dato del que no disponen. ¿Y cómo justificar el resto de las condiciones?, se preguntan. A las oficinas de atención al cliente les espera una dura tarea.Para colmo, teniendo en cuenta que se trata de una medida temporal, pues, una vez publicado el reglamento de la citada ley, el bono se ligará a la renta per cápita familiar, el lío crecerá. Una cuestión peliaguda al respecto es por qué las compañías eléctricas deben disponer de los datos confidenciales de la declaración de la renta de muchos de sus clientes para poder aplicar la nueva tarifa reducida.