El Gobierno exime a las telefónicas regionales de financiar RTVE
El Gobierno exime a las operadoras de telecomunicaciones regionales de financiar a RTVE, según consta en el anteproyecto de ley que debatió el viernes para suprimir de manera "definitiva" la publicidad en la corporación.
El Consejo de Ministros acordó el viernes remitir a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y al Consejo de Estado el anteproyecto de ley con el nuevo modelo de financiación de RTVE. El objetivo, la supresión "inmediata y definitiva" de la publicidad en la corporación, de forma que se pueda liberar una cuota significativa del mercado de la publicidad para las televisiones privadas.
Tal y como fue adelantando esta semana a las partes implicadas, la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, dos tercios de los ingresos de RTVE procederán de la subvención anual que recibe del Estado (555,3 millones de euros en 2009) y de la tasa por el uso del espacio radioeléctrico, que se destinará en un 80% a la corporación. El resto se financiará con nuevas tasas que pagarán las televisiones privadas (un 3% de sus ingresos) y las operadoras de telecomunicaciones (un 0,9% de sus ingresos). También contará con ingresos por la venta de sus servicios y productos, aunque apenas supondrá un 1% de su presupuesto, que pasará de los actuales 1.100 a 1.200 millones de euros.
La principal novedad es que las nuevas tasas sólo las tendrán que pagar las televisiones y telecos que operen a nivel estatal o en más de una comunidad autónoma. Un criterio que exime del pago a operadores de cable como la gallega R, la vasca Euskaltel o la asturiana Telecable.
Se contemplarán los casos de las operadoras con dificultades, según De la Vega
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Fernández de la Vega justificó la creación de las nuevas tasas subrayando que se aplicarán a los principales sectores beneficiados por la reforma. "Parece razonable que quienes vayan a obtener beneficios e ingresos derivados de esa utilización de lo audiovisual en sus negocios privados puedan contribuir a la financiación del servicio público en una parte", manifestó.
En este sentido, salió al paso de las críticas de las telecos y recordó que en otros países europeos (Francia) el sector ya financia a la televisión pública y que, además, se trata de empresas que en su mayoría tienen grandes beneficios. No obstante, admitió que hay operadoras con problemas. "El Gobierno contemplará los casos de las empresas en dificultades", afirmó, sin entrar en más detalles. En la práctica, las únicas empresas de telecomunicaciones que tienen su viabilidad financiera asegurada son Telefónica y Vodafone.
La vicepresidenta también quiso dejar claro a las telecos que la norma, que todavía tardará unos meses en superar la correspondiente tramitación parlamentaria, se ajusta a la Constitución y al Derecho comunitario. Asimismo, insistió en que el Ejecutivo velará por que no se produzcan incrementos injustificados de precios para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
El nuevo modelo supondrá exigencias añadidas para RTVE, que además tendrá que cubrir 8.000 horas más de programación. Así, la corporación no podrá gastar más del 10% de su presupuesto de compras en derechos deportivos (salvo Juegos Olímpicos y Paralímpicos), tendrá que destinar el 6% de sus ingresos a financiar cine europeo y español, no podrá proyectar en prime time más de 80 películas estadounidenses de estreno con hasta cuatro años de antigüedad y tendrá que reforzar sus obligaciones tanto de subtitulado y como de programación para la infancia.
Críticas y aplausos entre los sectores afectados
La luz verde al nuevo modelo de financiación de RTVE generó reacciones encontradas. Las empresas vinculadas al sector de las telecomunicaciones volvieron a criticar el sistema. Redtel calificó la nueva tasa de "injusta, desproporcionada, dañina ilegal". Esta asociación, Astel y Asimilec insistieron en que defenderán sus derechos en los tribunales. Por contra, las televisiones privadas agrupadas en Uteca felicitaron explícitamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a Fernández de la Vega por su decisión. Los expertos estiman que las privadas captarán el 80% de los ingresos publicitarios que libere TVE (unos 475 millones de euros). Tras conocerse la decisión del Ejecutivo, las acciones de Antena 3 y Telecinco se dispararon el viernes un 9,1% y un 7,02%, respectivamente.