El Gobierno reduce las cargas administrativas en los contratos públicos

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un real decreto por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Contratos del Sector Público, para reducir las cargas administrativas a las empresas y reforzar las garantías de objetividad, imparcialidad, transparencia y seguridad jurídica en la contratación pública. Para ello, el real decreto regula la solvencia económica y financiera de los contratistas, así como la revisión de la clasificación de las empresas contratistas, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la composición y funciones de las mesas de contratación y las comunicaciones al Registro Oficial de Contratos.

Puesto que el objetivo es agilizar los procesos licitadores, la nueva normativa aprobada por el Consejo establece un procedimiento simplificado para que el empresario acredite anualmente el mantenimiento de la solvencia económica, mediante una simple declaración responsable. Así, quedarán liberados de la carga de aportar la documentación acreditativa de dichas circunstancias en cada licitación a la que concurran, pues los órganos de contratación podrán verificarlas en el registro y los empresarios podrán obtener su certificado, en papel o formato electrónico, y presentarlo ante el órgano de contratación.

El carácter electrónico del registro de licitadores facilitará el desarrollo de la contratación pública.