La CE impone un nuevo recorte de las tarifas del teléfono móvil
La Comisión Europea aprobó ayer una Recomendación que, según el organismo comunitario, supondrá un drástico recorte de las tarifas que los operadores de telefonía cobran por recibir la llamada de un usuario de otra compañía.
El precio medio actual por ese servicio en los teléfonos móviles en España es de 7,9 céntimos por minuto (8,5 céntimos en el conjunto de la UE). Bruselas calcula que con las directrices aprobadas ayer las tarifas convergerán a la baja, hasta un promedio de dos céntimos, en un plazo de tres años. Y cifra en 2.000 millones el ahorro que obtendrán los consumidores europeos, y en otros 2.000 millones el ahorro para los operadores fijos (cuyas tarifas de terminación son 10 veces más baratas que las del móvil). La medida se suma al recorte de las tarifas de roaming internacional impuesto por Bruselas a las operadoras de móvil.
La patronal de ese sector, ETNO, advirtió ayer que el nuevo tajo a sus ingresos "socavará la capacidad de la industria para invertir y desarrollar ofertas innovadoras para los clientes".
La comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, recibió con desdén los lamentos del sector. "Siempre que actuamos contra un monopolio dicen que va a ser un desastre", señaló la comisaria en rueda de prensa.
La titular de Competencia, Neelie Kroes, coautora de la Recomendación, añadió que "cada operadora de móvil o fijo tiene un monopolio sobre los servicios de terminación llamada en su red. Y como todos los monopolios, no tienen ningún interés en reducir las tarifas".
La Recomendación va dirigida a las autoridades nacionales del sector (la CMT, en el caso español), que, según Bruselas, deberán "tenerlas en cuenta en la mayor medida de lo posible".
El documento fija la metodología para calcular las tarifas que de terminación que los reguladores deben imponer a sus compañías. Y el principio general es que los precios deberán ser muy próximos al servicio del coste, que se calcula en unos dos céntimos por minuto.
Los reguladores con menos recursos tendrán de plazo hasta 2014 para aplicar la nueva metodología.