Los efectos de la recesión

Por cada euro para fomentar el empleo se destinan cuatro a prestaciones

El gasto en desempleo superará este año los 30.000 millones y las políticas activas apenas suman 7.200 millones.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2009 son papel mojado en numerosas partidas, pero son especialmente irreales en una de ellas: el gasto previsto para las prestaciones y subsidios por desempleo. Este epígrafe se ha visto absolutamente desbordado con los datos de los dos primeros meses del año y aún existe una gran incertidumbre sobre cómo evolucionará la actividad económica.

De hecho, a la vista del deterioro que empezó a experimentar el mercado laboral desde mediados del pasado año, el Gobierno ya presupuestó para este ejercicio un incremento del gasto en desempleo del 24% respecto a 2008, hasta sumar 19.292 millones de euros (4.000 millones más).

Sin embargo, también este aumento presupuestario se quedó corto apenas empezó 2009. Por ello, el Ministerio de Trabajo incluyó en su último paquete de medidas para combatir la crisis un crédito extraordinario de 10.000 millones de euros para poder pagar la nómina del desempleo durante todo este año.

La partida para bonificar contratos fijos cae un 12,5% y no se baraja reeditar estas ayudas

En total, el presupuesto del Ejecutivo para proteger a los desempleados no llega a los 30.000 millones de euros. Pero fuentes del Servicio Público de Empleo aseguran que el crédito para pagar prestaciones contributivas y subsidios "llegará con toda seguridad a esa cantidad e incluso no sería descabellado que hubiera que destinar unos 2.000 o 2.500 millones adicionales" a finales del ejercicio.

A esta conclusión se llega con solo presuponer que el volumen actual de la nómina mensual del gasto en desempleo (2.610 millones en febrero) se mantiene a dicha velocidad de crucero. Teniendo en cuenta que periodo medio de cobro de la prestación es de poco más de un año, el coste de los doce meses de 2009 será de más de 31.000 millones de euros casi con toda seguridad.

No obstante, sea cual sea este capítulo final de gasto, el Gobierno está obligado a pagarlo porque se trata de un derecho reconocido por la ley para el trabajador, tanto en el nivel contributivo como en el asistencial. Por ello, si fuera necesario deberá ampliar el crédito de esta partida o cambiar la ley para aplicar algún recorte. Algo que, según el mantenimiento de los derechos sociales defendido reiteradamente por el presidente del Gobierno, parece poco probable.

Estos datos ponen de manifiesto el enorme peso que tiene la protección pasiva de los desempleados (ayudas económicas directas) frente al presupuesto destinado a fomentar el empleo y la formación a los parados.

Así, frente a los más de 30.000 millones citados para la protección por desempleo, este año se destinarán 7.200 millones para fomentar el empleo y la formación profesional. Esto supone que por cada euro que se invierte en fomentar la generación de puestos de trabajo se destinan cuatro euros a ayudas económicas directas.

Esto no ha sido siempre así. Hace apenas dos años el gasto en protección por desempleo era de 15.300 millones de euros, mientras que el destinado a políticas activas era de 6.700 millones. Esto arrojaba un presupuesto más equilibrado en el que por cada dos euros que se destinaban a proteger pasivamente a los parados se invertía un euro en formarles y fomentar su contratación.

Y eso teniendo en cuenta que en 2007, cuando se manejaban estas cifras, el empleo crecía a un ritmo superior al 3% y, por tanto, no era tan acuciante fomentar la creación de empleo.

Por ello, llama la atención que mientras que el Gobierno ya previó un incremento del 24% en el presupuesto inicial del gasto en desempleo -que posteriormente, con el crédito adicional de 10.000 millones supondrá un aumento respecto al presupuesto inicial de 2008 del 58%- las políticas activas de empleo y formación sólo crecieron un 7,8% y un 7,2%, respectivamente. Y las bonificaciones al empleo estable, que desde 1997 han propiciado considerables aumentos de la contratación cayeron un 12,5%, pasando de 3.200 millones a 2.800. Pero, en la actualidad, ni el Gobierno ni los sindicatos barajan la reedición de estas ayudas a las empresas.

Sumando estas tres partidas, el conjunto de políticas activas de empleo para 2009 ha caído 7,8%. Esto ya dibuja una apuesta clara del Ejecutivo por la protección social pasiva frente a la activa.

La incógnita aparece ahora, cuando el Gobierno ha urgido a las comunidades autónomas a pactar una fórmula para continuar dando una renta a los parados que agoten la prestación y los subsidios y sigan estando desempleados. No obstante, aún no queda claro si esa figura estará en el marco de las ayudas exclusivamente económicas o estarán ligadas a la formación o al empleo.

En la actualidad, la figura más adecuada podría ser la de la Renta Activa de Inserción (RAI), que vincula una ayuda económica a la formación y a la realización de un trabajo. No obstante, se trata de una figura híbrida, cuya financiación procede exclusivamente del Estado pero son las comunidades autónomas las que gestionan los programas formativos y de empleo.

Sin embargo, el Ejecutivo quiere que las regiones se impliquen también económicamente en la protección de estos parados. De momento, algunas comunidades ya han empezado a diseñar sus programas de políticas activas para los desempleados sin prestación. Así, Castilla y León cuenta con un presupuesto de 8,5 millones de euros para financiar una ayuda de 421,8 euros al mes durante tres meses (prorrogables a otros tres) a parados que participen en programas de recolocación. Por su parte, Castilla-La Mancha pretende emplear los cerca de 10.000 parados de la región que agoten la prestación en trabajos relacionados con los servicios públicos (jardines, asistencia social etc.) durante seis meses con un salario de 765 euros mensuales.

Tres propuestas para reformar el sistema de protección por desempleo

El actual diálogo social debe analizar la efectividad de las políticas activas y los Servicios Públicos de Empleo. Al tiempo existe un mandato para crear un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para reordenar las citadas políticas activas de empleo. Aún no hay atisbos de soluciones. En este contexto, no faltan propuestas para reformar el sistema de desempleo.

Un centenar de economistas, capitaneados por Fedea, han propuesto una reforma laboral, que incluya cambios en el seguro de paro. En su opinión debe reordenarse la cuantía de las prestaciones contributivas, de forma que aumente la cantidad en los primeros meses de cobro, para no condicionar las decisiones de consumo; y, proporcionalmente, se reduciría la cuantía a cobrar en los meses finales para incentivar la búsqueda de empleo.

Con esta misma filosofía, el bufete de abogados Sagardoy, especializado en derecho laboral, propone "prestaciones mayores por menor espacio de tiempo", para que el perceptor no tenga "una actitud pasiva ante la búsqueda de empleo". De ahí que, conjuntamente, demandan un mejor diseño de las políticas activas de empleo.

En tercer lugar, los sindicatos CC OO y UGT proponen mejorar las prestaciones. Esta última central pide que si un trabajador se incorpore a un trabajo sin agotar la prestación y transcurran doce meses antes de volver a quedarse en paro, no se pierda la parte de la prestación que no cobró. Asimismo, reclaman que se eliminen los vigentes requisitos de edad y responsabilidades familiares para el cobro de algunos subsidios y de la renta activa de inserción.

La cifra

45.000 millones se invierten en educación. El gasto en desempleo es dos terceras partes de esta cuantía.