Energía

Industria negocia con las eléctricas derogar la ley del CO2 que les restó mil millones

Las bonificaciones que las eléctricas deberán hacer en la tarifa se han convertido en pieza de trueque. Así, a cambio de ellas, Industria está dispuesta a derogar la norma que resta a las empresas los ingresos extra que reciben al imputar al precio de la luz los derechos de CO2 que reciben gratis. La medida, que forma parte del inminente pacto del déficit de tarifa, se tomaría, aunque todo apunta a que Bruselas apoyará al Gobierno.

Las empresas eléctricas e Industria negocian a contrarreloj el real decreto ley que incluirá un paquete de medidas energéticas que requieren rango de ley. La norma, que se quiere llevar al Consejo deMinistros de esta semana, pretende ser una solución a la lacra del déficit de tarifa, una deuda que los consumidores mantienen con las eléctricas y que suma 10.585 millones. De éstos, casi 6.000 millones están sin titulizar y lo financian las empresas.

Sin embargo, una de las medidas más relevantes que se negocian, como es la eliminación de los dos reales decretos ley (uno de marzo de 2005 y otro de diciembre de 2008) que establecen la detracción de los ingresos extra que las empresas reciben por trasladar a los precios de la electricidad los derechos de emisión de CO2 que reciben gratuitamente (alrededor de un 80% de los mismos), no sólo no reducirá el déficit de tarifa, sino que lo incrementará. Los ingresos detraídos se destinan a recortar esta deuda y dependen cada año del precio del mercado de emisiones. Con todo, sólo se han minorado los de 2006 (1.079 millones), pues para ello es necesaria una orden ministerial y, de momento, sólo se aprobó, en la etapa de Joan Clos como ministro, la correspondiente a 2006. Para 2007, se han calculado unos 43 millones.

La citada orden, de noviembre de 2007, fue recurrida ante el Supremo por la patronal Unesa, que presentó también una queja contra el real decreto ley ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Fuentes comunitarias aseguran que la resolución de la queja está a punto de publicarse y da la razón al Gobierno frente a las empresas. Oficialmente, "no se ha llegado a una conclusión", aseguran.

Pese a ello, el departamento que dirigeMiguel Sebastián parece dispuesto a eliminar la norma a cambio de que las eléctricas paguen la bonificación que quiere aplicar en la nueva tarifa de último recurso (TUR) a los clientes de menores renta y consumo. De hecho, las mismas fuentes aseguran que el reparto de esta carga (que está sin cuantificar, pues depende del nivel de renta que se determine y de los consumidores que hagan uso del derecho) se haría en función de la cuota de déficit que toca a cada empresa. En el largo proceso de negociación, el bono se ha utilizado varias veces como moneda de cambio. Además, ha sido motivo de desacuerdo entre las empresas, concretamente, el de Gas Natural, que se acaba de sumar oficialmente a las negociaciones tras adquirir el control de Fenosa.

Gas Natural y el bono

Según fuentes conocedoras del proceso, la gasística se habría negado a admitir la cuota del 13% que corresponde su filial eléctrica como porcentaje a asumir de la bonificación social, que podría suponer para todo el sector unos 400millones. Lasmismas fuentes añaden que la gasística sólo aceptaría el 10%, ya que, en su opinión el bono debe repartirse según la distribución de cada una. En Gas Natural aseguran que no han adoptado una posición definitiva.

Industria está dispuesta al trueque argumentando que si las empresas ganan el recurso ante el Supremo contra la orden ministerial de 2007 (que retirarán si hay acuerdo) habrá que devolverles más de 1.000 millones, que pasarían a sumar déficit. En todo caso, el sector ganaría la batalla contra dos reales decretos ley ratificados por el Consejo de Estado y el Congreso.

Los Presupuestos pagarían la subvención de las islas

Además de la bonificación social de la tarifa de último recurso, hay otras tres cuestiones encima de la mesa de negociación: el aval del Estado que se otorgará al déficit sin titulizar (casi 6.000 millones); las subidas de las tarifas para evitar nuevos déficit; y los costes de la tarifa que pasarán a los Presupuestos del Estado.

Fuentes al tanto de las conversaciones aseguran que la actitud más flexible de la nueva vicepresidenta económica, Elena Salgado, frente a la de su predecesor, Pedro Solbes, podría permitir el traspaso de las subvenciones de los sistemas extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) que son territorio de Endesa y cuyo extracoste en la tarifa de este año es de casi 1.300 millones sobre los 14.600 del total. Estos sistemas también generaron un déficit tarifario hasta 2005 de 200 millones.

En cuanto al aval del Estado para titulizar el déficit, las partes han abierto un debate sobre si debe ser aval o garantía. En principio, se trata de evitar que el respaldo público pueda considerarse una ayuda de Estado, ya que la británica Centrica denunció hace dos años en Bruselas y ante el Tribunal de la UE que el reconocimiento del déficit a las distribuidoras lo es.

En principio, se trata de evitar que el respaldo público pueda considerarse una ayuda de Estado, ya que la británica Centrica denunció hace dos años en Bruselas y ante el Tribunal de la UE que el reconocimiento del déficit a las distribuidoras lo es.xxx En principio, se trata de que el Estado avale a los consumidores que son los deudores y carecen de personalidad jurídica y no a las eléctricas, que son las acreedoras.