Más dudas que respuestas en la financiación de RTVE
El anuncio del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que el Gobierno prepara un modelo alternativo de financiación para RTVE que permita una 'reducción drástica' de la publicidad en el grupo público está generando, de momento, más incertidumbres que certezas. Principalmente, por las incógnitas que rodean a la noticia ante la escasa información facilitada por el Ejecutivo.
En primer lugar, cabe plantearse por qué se apuesta ahora por finiquitar la doble vía de financiación (presupuestos y publicidad) de RTVE que el primer Gobierno Zapatero consagró en la ley de la radiotelevisión pública de 2006. Resulta legítima la pregunta que lanzó Gaspar Llamazares el pasado miércoles en el Congreso: ¿a quién beneficia esta reforma? La respuesta es obvia: a la cadenas privadas que compiten con TVE. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se lo dejó claro al diputado de IU. El nuevo modelo pretende evitar las 'distorsiones' que se están produciendo en el mercado publicitario y 'dar más holgura' a los operadores privados en un momento de crisis.
La inversión publicitaria en televisión en 2008 fue de 2.988 millones, de los que TVE se llevó 596 millones. Una porción que se repartirían sus competidores en un contexto de caída de los ingresos y con un horizonte de cambios con la llegada de la TDT y la posibilidad de fusiones. La duda es si la cuota que libere TVE será suficiente para las privadas.
Máxime cuando el Gobierno tampoco ha aclarado otro punto esencial. ¿Desaparecerán totalmente los anuncios de la corporación o no? ¿Podrá mantener RTVE estrategias de product placement en series y programas de producción propia? ¿Seguirá habiendo publicidad en su área de medios digitales? Porque eso condicionará el tamaño de la porción de ingresos que queda libre.
La incertidumbre básica es qué nuevo modelo de financiación se va adoptar. De momento, el Gobierno sólo ha dado pistas de lo que no va hacer: no gravará a los ciudadanos, no afectará a la estructura ni al empleo de RTVE y, 'en ningún caso', se basará en las fórmulas ya existentes en Europa, según Fernández de la Vega. Desde La Moncloa aseguraban ayer que todavía no se ha adoptado 'ninguna decisión' y que se siguen barajando 'diferentes alternativas'.
Sin embargo, el diario El País adelantaba la posibilidad de un nuevo esquema de financiación con una tasa del 3% sobre los ingresos de las cadenas privadas, otra del 0,9% sobre la facturación de los operadores de telecomunicaciones con servicios audiovisuales y un complemento sobre la tasa por uso del espacio radioeléctrico. Uteca, que agrupa a las televisiones privadas, avisó ayer que no admitirá 'nuevas cargas'. Ahora ya tiene que repartir el 11% de sus ingresos brutos para financiar al cine español y para el pago de derechos a las distintas entidades gestoras. En el caso de las telecos, tanto las patronales Aetic y Astel como la CMT, el regulador sectorial, se han opuesto a financiar a la televisión pública. Más preguntas legítimas. ¿Un modelo así no es prácticamente un calco del que ya existe en Francia? ¿Cómo va garantizar el Gobierno que los operadores no hagan pagar las nuevas tasas a los usuarios, es decir, que se grave a los ciudadanos?
En RTVE la nueva propuesta del Gobierno también ha generado preocupación. Los sindicatos emitieron ayer un comunicado conjunto en el que critican la 'imprudencia' de anunciar un recorte de publicidad sin tener definida la financiación alternativa y expresan su temor a que se ponga en peligro el actual modelo de servicio público. En el consejo de administración, sin embargo, hay 'cierta tranquilidad', a la espera de que Moncloa cumpla su compromiso de mantener el nivel de financiación actual (1.095 millones de euros). Queda por ver si estas cifras son un techo presupuestario o un punto de partida, si TVE será capaz mantener su audiencia sin publicidad, cómo afectará esto a su programación y si no habrá bajas laborales en su área de ventas. O sea, más incógnitas.