La recesión centra los retos de las regiones históricas
En los últimos días, tres de las comunidades históricas españolas se encuentran inmersas en cambios de Gobierno. Las elecciones gallegas pusieron fin al Ejecutivo bipartito entre socialistas y nacionalistas, que supuso una excepción en el tradicional dominio popular en la región. Más históricas dimensiones tiene el cambio ocurrido en el País Vasco: por primera vez en la democracia, la región será comandada por un gobierno de corte no nacionalista, gracias al pacto alcanzado en fechas recientes entre el PSE y el PPE. El cambio menos traumático acaba de tener lugar en Andalucía, y se debe a la salida del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, hacia la vicepresidencia tercera del Gobierno central. Las circunstancias obligan a que los nuevos presidentes centren su mandato en la recuperación económica.
Alberto Núñez Feijóo, flamante presidente de Galicia, se enfrenta a un rápido deterioro del desempleo, que tiene en la industria del automóvil uno de sus principales focos. La caída de la actividad se generaliza después de algunos años en los que la región había recuperado terreno frente a la media nacional. Nada más ser investido presidente de la Xunta, Núñez Feijóo anunció una drástica reestructuración del organismo, que recorta prácticamente la mitad los altos cargos y centros de dirección existentes. Según sus cuentas, ello ahorrará cerca de 100 millones de euros en los presupuestos autonómicos. Pero la propuesta estrella de la nueva Xunta, que fue el eje del programa electoral del PPdeG, es un recorte del impuesto sobre la renta de las personas físicas valorado en 100 millones de euros. Si se suman otras rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales (del 7% al 4%) y en el de sucesiones y donaciones (del 0,75% al 0,3%), el montante esperado podría alcanzar los 200 millones de euros, que, según el plan del PPdeG, estarían destinados a revitalizar el consumo. Un objetivo difícil, dado que, en tiempos de incertidumbre económica, las bajadas de impuestos acostumbran a trasladarse al ahorro.
Euskadi, en posición de privilegio
El caso del País Vasco destaca, una vez más, por su excepcionalidad. Aunque la crisis económica ataca a la región de forma notable, el histórico pacto de Gobierno alcanzado entre el Partido Socialista de Euskadi, liderado por Patxi López, y el Partido Popular de Euskadi, de Alfonso Basagoiti, tiene en el punto de mira a un nivel similar la lucha frente al terrorismo. Amén de los evidentes motivos políticos, lo cierto es que la región parte de una situación económica privilegiada si se compara con la media nacional. El 8,3% de tasa de paro que recoge la última Encuesta de Población Activa es alto en términos temporales, pero no geográficos. Algo parecido sucede con el PIB: Euskadi se las arregló para crecer un 2,1% en 2008, nueve décimas por encima de la media nacional. En el último trimestre consiguió mantener los números negros, frente al desplome general. Pese a ello, el rápido deterioro de la situación plantea retos son relevantes, y debe tenerse en cuenta la existencia de un cierto decalaje respecto al grueso del país. La comunidad autónoma vasca cuenta con un potente tejido industrial y un sector de la construcción modesto, por lo que la crisis ha tardado más tiempo en hacerse patente. Sin embargo, los expedientes de regulación de empleo, concursos de acreedores y otros términos asociados a la crisis se vienen escuchando en los últimos meses y afectan desde la industria auxiliar del automóvil hasta la siderurgia o la máquina-herramienta. El reto del Gobierno de Patxi López será lograr que la salida de la misma no quede igualmente diferida en el tiempo respecto a la del conjunto de España.
Cuatro paquetes anticrisis en Andalucía
Sin duda, la peor situación de partida la asume José Antonio Griñán en Andalucía. La tasa de paro supera ya el 20%; el número de parados roza los 800.000, y pocos descartan que se cierre el año por encima del millón. El propio Griñán, consejero de Economía desde 2004, ha lanzado cuatro paquetes de medidas anticrisis que, junto a los aprobados por el Gobierno central, tienen como objetivo crear o salvar hasta 200.000 puestos de trabajo. El nuevo presidente deberá facilitar también un nuevo acuerdo de concertación social que sustituya al vencido al acabar el año pasado. Andalucía está pendiente además de aprobar una nueva ley de régimen local, y busca concretar la recepción del pago de la deuda histórica del Estado español, cifrada en 1.204 millones de euros.
El último reto, que afecta a Andalucía tanto como a Galicia (Euskadi cuenta con un régimen económico especial, basado en el sistema del cupo), es alcanzar un acuerdo de financiación autonómica favorecedor de sus respectivos intereses. Como siempre, la economía en el punto de mira.