Salgado se aleja de Solbes y ve 'margen fiscal' para combatir la crisis
El pasado 27 de marzo, el ex vicepresidente económico del Gobierno Pedro Solbes afirmó que el margen fiscal del Estado para luchar contra la crisis se había agotado. Ayer, su sucesora, Elena Salgado, dijo justo lo contrario. 'Hay margen fiscal. No puede no haberlo', aseguró. Aunque defendió que el Gobierno será más selectivo en las medidas anticrisis que adopte a partir de ahora.
Elena Salgado marcó ayer la primera diferencia de peso con Pedro Solbes. A pesar de que el Banco de España estima que el déficit del Estado superará el 8% del PIB este año, una cifra nunca vista en democracia, la titular del Ministerio de Economía sostiene que existe margen fiscal para combatir la crisis y, sobre todo, el desempleo.
Salgado apareció ante los medios flanqueada por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y por el de Economía, David Vegara. Una imagen que, probablemente no volverá a repetirse, al menos en el Ministerio de Economía. Vegara, que estuvo como ausente durante la rueda de prensa, abandonará el próximo mes el cargo, mientras que Ocaña, mucho más participativo, y todo su equipo seguirá al frente de la Secretaría de Hacienda, según confirmó Salgado.
La vicepresidenta segunda presentó ayer el real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará hoy para facilitar que los ayuntamientos paguen sus deudas atrasadas a pymes y autónomos. Como ya anunció el martes CincoDías, el Gobierno permitirá que los ayuntamientos que a fecha de 31 de diciembre presentaban un déficit de tesorería (remanentes negativos), puedan pedir un préstamo hasta a seis años con uno o dos de carencia.
Ello permitirá que las entidades locales obtengan liquidez para pagar sus deudas atrasadas. Para asegurar la eficacia de la medida, los ayuntamientos deberán cancelar las deudas pendientes con proveedores en el plazo de un mes una vez que se les haya concedido el crédito. Se trata de una medida excepcional que estará vigente hasta julio de este año y que, según cálculos del Gobierno, se traducirá en más de 10.000 millones de euros. Esta medida viene acompañada por la puesta en marcha de una nueva línea de avales del ICO de hasta 3.000 millones de euros que permitirá a los proveedores de ayuntamientos morosos, cobrar de las entidades financieras el importe de las facturas impagadas. El Gobierno prevé que la medida empezará a funcionar en 15 días. La línea de descuento servirá sólo para el importe de la factura sin incluir los posibles intereses de demora que se hayan originado. Para evitar que las grandes empresas monopolicen esta nueva línea, el Gobierno ha establecido un límite por acreedor de 300.000 euros.
El Estado se asegura que recuperará el importe avalado ya que, en caso de impago de los ayuntamientos, restará el importe no abonado de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado. Ocaña especificó que, en caso de que se agotaran los 3.000 millones de la línea, el coste financiero para el Estado sería de unos 10 millones de euros. Por otra parte, el coste de gestión por aval asciende al 0,25% del importe requerido.
Con ambas medidas, el Estado facilitará unos 14.000 millones de euros para asegurar que los ayuntamientos paguen sus deudas a proveedores. Los municipios, históricamente, han pagado tarde y mal, muy por encima de los 60 días que establece la ley. Sin embargo, en un momento como el actual esta situación se ha vuelto insostenible para muchas empresas que viven bajo la amenaza de sucumbir a la crisis de liquidez.
La nueva agenda del equipo económico
La financiación regional se cerrará en mayo. Las palabras de Salgado denotaron un claro optimismo en alcanzar un acuerdo con todas las comunidades durante el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que Economía planea convocar el próximo mes de mayo. Como hacía su antecesor Pedro Solbes, Salgado realizó largos circunloquios para evitar dar la cifra que el Gobierno está dispuesto a poner encima de la mesa para contentar a las comunidades.Uno de los principales escollos para alcanzar un acuerdo era, hasta ayer, Cataluña. Sin embargo, el consejero de Economía catalán, Antonio Castells, destacó el buen clima que reinó en la reunión que mantuvo ayer con la nueva titular del ministerio y aseguró que confía en alcanzar un pacto en breve.
Economía no se plantea bajar las pensiones. Los pensionistas pueden estar tranquilos. Elena Salgado aseguró ayer que el Gobierno bajará las pensiones aunque el IPC registre tasas negativas. Es más, vaticinó que subirán. Salgado zanjó así la polémica que suscitó un informe del Banco de España que apuntaba la posibilidad de revisar a la baja las pensiones si la inflación se sitúa en números negativos. Por otra parte, Salgado evitó valorar el nuevo contrato 'indefinido no fijo' propuesto por la CEOE, que tendría una duración de dos años y una indemnización por despido de ocho días. La vicepresidenta recomendó a la patronal que lleve su propuesta a la mesa de diálogo social. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y los sindicatos ya se han opuesto al contrato de CEOE.
El nuevo cuadro macro seguirá los pasos del FMI. El Gobierno aún no trabaja en la revisión de las previsiones, sin embargo, y como no podía ser de otra manera, Salgado apuntó que, 'previsiblemente', el Ejecutivo dibujará un escenario macroeconómico peor que el vaticinado en enero. Por entonces, Economía confiaba en que el PIB caería este año un 1,6% y que, en 2010, la economía volvería a crecer. Esta semana, el FMI apuntó que, para España, espera una contracción de la economía del 3% este año y del 0,7% para el próximo. Salgado reconoció la drástica revisión a la baja del FMI y señaló que el Gobierno seguirá el mismo camino. El cuadro macro se elaborará en las próximas semanas, cuando Economía empiece a trabajar en los Presupuestos de 2010.
La frase
Elena Salgado. Vicepresidenta económica. "Seguiremos luchando contra la crisis con toda determinación, pero empezamos ya a pensar y diseñar lo que será el escenario de la recuperación. Ese es el cambio de ritmo"
