Obras públicas

El Gobierno rebaja a un año el plazo de la declaración de impacto ambiental

La necesidad de acelerar al máximo la obra pública y detener de esta forma la destrucción de empleo en el sector de la construcción llevó este viernes al Gobierno a aprobar la rebaja a un año de los plazos previstos para la evaluación de impacto medioambiental. Hasta ahora regía un periodo máximo de dos años.

Con el fin de agilizar todo tipo de proyectos de obra pública, el Ejecutivo ha reducido los plazos de las diferentes fases en las que se divide el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. A partir de ahora, el estudio de impacto ambiental deberá prepararse, como máximo, en el plazo de un año contado desde que el promotor reciba la notificación sobre la determinación del alcance del citado estudio, en lugar de los dos años actuales. Además, las decisiones sobre autorización o aprobación de los proyectos deberán ser remitidas para su publicación en el BOE en el plazo máximo de quince días desde su adopción.

Esta es una de las 78 medidas aprobadas este viernes por el Gobierno para la reducción de las cargas administrativas que soportan los ciudadanos y las empresas. De estas iniciativas forma parte también la decisión de que las pequeñas discrepancias en la declaración del IRPF se comuniquen telefónicamente sin necesidad de que los contribuyentes tengan que realizar liquidación provisional alguna.

En el Ministerio de Industria se eliminarán alrededor de 70.000 documentos de pago en el ámbito de la Oficina Española de Patentes y Marcas. También, se automatizará el trámite ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social para solicitar las prestaciones por maternidad y paternidad o la posibilidad de que los ciudadanos puedan solicitar sus prestaciones desde su domicilio vía internet, a partir de enero de 2010.

Crédito para astilleros

El Gobierno ha aprobado una nueva línea de crédito de 200 millones para mejorar la financiación de los pequeños y medianos astilleros. El importe máximo que podrá recibir cada astillero será de 30 millones de euros y el tipo de interés que se le aplicará será el de referencia del ICO más un margen de intermediación de hasta el 2,2%. El periodo para solicitar la financiación se extiende hasta el próximo 15 de diciembre.

Todas las operaciones que se acojan esta línea de crédito serán garantizadas por el Fondo Patrimonial de Garantías que tiene la sociedad que agrupa a los astilleros de pequeño y mediano tamaño.

El Ejecutivo también aprobó este viernes la distribución de 47,9 millones de euros del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas para 2009 entre las comunidades autónomas. A esta cantidad hay que sumar 12 millones de euros que aportan las comunidades.

Historia clínica digital

El Consejo abordó la futura implantación de la historia clínica digital. El objetivo final es que cuando los ciudadanos se desplacen de una comunidad autónoma a otra puedan ser atendidos por los profesionales médicos o de enfermería disponiendo de los datos más importantes de su historia clínica. Cada año, alrededor de 4,5 millones de personas reciben atención médica en una comunidad autónoma distinta a la suya.

Asimismo, los ciudadanos podrán acceder por vía electrónica y a través de sistemas seguros a los datos resumidos más relevantes de su historia clínica, y conocer desde qué centros y servicios se ha accedido a la información que les atañe. El Gobierno argumenta que de esta forma aumentará la seguridad de los pacientes porque se evitarán errores debido a la toma de decisiones con información incompleta o difícilmente inteligible. Se espera también que este procedimiento disminuya la repetición de pruebas diagnósticas y procedimientos, al estar disponibles los resultados de los ya realizados.

'El Banco de España es autónomo'

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, salió este viernes como pudo del apuro que le supuso contestar una y otra vez a las preguntas relacionadas con las críticas vertidas por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a cuenta del futuro de las pensiones.

De la Vega consideró que las discrepancias entre el Gobierno y el Banco de España en materia de pensiones y protección social 'entran dentro de la normalidad'. A su juicio, el gobernador 'ha dado una opinión que no se corresponde con el diagnóstico ni del Gobierno ni de los agentes sociales'. En este sentido, recordó que el Banco de España es 'una entidad que actúa con total autonomía' con respecto al Gobierno.

La vicepresidenta se remitió a los datos del ministro Corbacho, según los cuales el Fondo de la Seguridad Social se cerrará este año con superávit. Además, recordó que 'el cobro de las pensiones está garantizado'.

Como hiciera Zapatero el pasado martes en su discurso a los parlamentarios socialistas, De la Vega subrayó que 'el Gobierno no va a dar ni un solo paso atrás en su sistema de protección social'.

El presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, se mostró este viernes a favor de un debate sobre la edad de jubilación y el sistema de protección social. En declaraciones en el Foro de Nueva Economía, Gómez Navarro señaló que, 'por lógica', si vivimos más años y vamos a cobrar pensiones durante más años, 'es muy probable que se necesite cotizar más años para que te puedan pagar'. Es una de las pocas voces públicas que han salido estos días en defensa del criterio que maneja también el gobernador del Banco de España.

Marín sigue al frente de Energía, pero como secretario de Estado

Energía pasa de ser una secretaría general a secretaría de Estado y a su frente continuará, como estaba previsto, Pedro Marín. El Consejo de Ministros aprobó también este viernes la nueva estructura de Fomento. El secretario de Estado de Infraestructuras es Víctor Morlán, al frente de la secretaría general se sitúa Inmaculada Rodríguez-Piñero y como secretaria de Estado de Transportes ha sido designada Concepción Gutiérrez. El ministro José Blanco lleva también como subsecretario a Jesús Salvador Miranda y como secretario general de Transportes a José Luis Cachafeiro.