Los promotores piden al Estado que compre los pisos sin vender
La grave caída de la construcción y venta de viviendas llevó ayer a la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) a pedir al Estado que compre parte del stock que acumulan para ofertarlo en el mercado del alquiler. El presidente de APCE, José Manuel Galindo, aseguró que la operación aúna la recuperación del sector, al generar empleo y el objetivo social de facilitar el acceso a la vivienda.
El guante no tardó en ser recogido. 'Desde el Gobierno no se va a comprar el stock existente', afirmó la directora general de Arquitectura y Política de la Vivienda, Anunciación Romero. 'Ni se ha planteado en ningún momento', puntualizó. Romero explicó que desde el ministerio lo que han ofrecido a los promotores es un plan para convertir la vivienda libre en protegida.
Los promotores calculan que el excedente acumulado de pisos sin vender se elevará a 800.000 pisos a finales de 2009. Para entonces, dicen, la caída de la construcción habrá destruido casi un millón de puestos de trabajo. Ante este panorama, Galindo pidió la intervención de todas las administraciones públicas para que se subroguen a los créditos de los promotores. 'Los bancos pasarían de tener riesgo promotor a contar con la garantía del Estado', argumentó. Según el sistema propuesto, la administración pagaría los créditos con el dinero obtenido de alquilar los pisos. 'No se puede dejar caer de golpe a los sectores que han levantado el país durante años', defendió el presidente de la patronal para justificar que sea dinero público el que se utilice para rescatar a los promotores. Llegó incluso a reivindicar la vivienda como derecho fundamental. 'Pero parece que da miedo ayudar al sector inmobiliario', se quejó.
Tras esa petición de una urgente intervención estatal, Galindo, que también es el responsable de los promotores madrileños, criticó la competencia 'desleal' que ejercen algunas entidades financieras. Rechazó que los bancos ofrezcan mejores condiciones para contratar una hipoteca a los compradores de una casa propiedad de la entidad (fruto de algún embargo), que si se trata de un ciudadano que ha adquirido un piso al margen del banco.