Alcoa pierde el primer lance a favor de su tarifa eléctrica
La CE se ha anotado una trascendental victoria judicial en su batalla contra las tarifas eléctricas reguladas. El caso atañe a Alcoa en Italia, pero marca un precedente para la investigación abierta por el organismo comunitario contra los beneficiarios de esas tarifas en España.
Bruselas ha logrado por primera vez que el Tribunal de Primera instancia de la UE respalde la apertura de una investigación contra las tarifas reguladas en el mercado eléctrico. Y que los jueces califiquen como recursos públicos los fondos trasvasados a través de una cuenta estatal hacia las compañías protegidas por una tarifa especial.
El caso en cuestión atañe a las tarifas aplicadas en Italia a las plantas de Alcoa. Esa empresa, fabricante de aluminio, recurrió ante el Tribunal de la UE la apertura del expediente, aduciendo, entre otros argumentos, que la Comisión había errado al calificar como ayuda de estado las citadas tarifas.
Pero en una sentencia dictada el pasado 25 de marzo, los jueces comunitarios no sólo respaldan la decisión del departamento de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, de iniciar la investigación, sino que incluso dan ya por sentado que la tarifa regulada constituye una ayuda de estado.
Al equipo de Kroes, por tanto, sólo le queda ya decidir si esa ayuda es admisible o ilegal y, por tanto, susceptible de tener que ser devuelta.
El espaldarazo judicial, según las fuentes consultadas, podría acelerar los dos expedientes similares abiertos contra España y Francia.
En el caso español, la investigación comunitaria apunta a las tarifas aplicadas a unas 150 empresas en España (siderúrgicas, azulejeras, cementeras, etc.), así como al posible beneficio que el Estado garantiza a los cinco distribuidores de la electricidad subsidiada (Iberdrola, Fenosa, Hidrocantábrico, Endesa y Elcogás). El pago a las eléctricas se realiza a través de una cuenta en el Banco de España a nombre de la CNE, un mecanismo que, según la sentencia sobre Italia, parece convertir esos fondos en recursos públicos.
El expediente se refiere a 2005, un año en el que la diferencia entre el precio de mercado de la electricidad y las tarifas aplicadas en España ascendió a 3.811 millones de euros. El Estado cubrió esa diferencia, lo cual, según la CE, 'una importante ayuda al funcionamiento de las empresas beneficiadas'. Entre los principales beneficiarios figuran los usuarios acogidos a la llamada tarifa G-4, entre los que figuran Alcoa, Arcelor y Asturiana del Zinc. La CE calcula que la diferencia entre el precio de la electricidad aplicado a esos grandes consumidores y el de mercado superó aquel año los 38 euros por megavatio/hora.
Resultados
Alcoa registró durante el primer trimestre de este año unas pérdidas de 497 millones de dólares (377 millones de euros), según los datos presentados ayer por el fabricante estadounidense de aluminio.Los datos reflejan la caída en la demanda, que redujo la facturación en un 40,7%, hasta 4.147 millones de dólares, en relación con el mismo trimestre del año pasado.