El Gobierno presiona a la banca para que suavice el crédito a la VPO
La negociación para acordar la financiación del Plan de Vivienda 2009-2012 está encallada. El Ejecutivo quiere convencer a las entidades para que concedan hipotecas a los adjudicatarios de VPO si estos cumplen un determinado perfil. La banca interpreta esto como un intento de quitarles la potestad de decidir a quién otorgan un crédito.
El equipo de la ministra Beatriz Corredor quiere acabar con la sucesión de promociones de vivienda protegida (VPO) que comienzan a quedarse sin compradores porque cuando éstos acuden a suscribir los contratos con las entidades financieras o bien se dan cuenta de que no pueden hacer frente a los pagos, o bien es el banco o caja quien deniega la concesión del préstamo. Uno de los últimos casos se ha producido en la localidad madrileña de Getafe, donde 2.000 pisos de protección oficial se encuentran sin comprador en los nuevos barrios de Los Molinos y Buenavista, que tienen proyectadas 8.000 viviendas.
El consorcio formado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe ya ha habilitado una nueva lista de demandantes para estas promociones, después de haberse agotado el registro anterior, integrado por más de 18.000 personas. Muchos se han retirado de la puja por una de estas casas al no cumplir con los requisitos económicos o de edad que imponía la convocatoria. Precisamente para evitar situaciones de este tipo, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 recomienda a las comunidades autónomas que a la hora de establecer los precios máximos de la VPO en sus territorios tengan en cuenta que las familias no deban destinar al pago de la hipoteca o del alquiler más de un tercio de sus ingresos.
Y éste es el argumento fundamental que está utilizando el ministerio para tratar de convencer a las entidades para que flexibilicen los requisitos que tienen en cuenta a la hora de conceder créditos a los adjudicatarios de una VPO, según confirman a CincoDías fuentes conocedoras de la negociación.
Sin embargo, esta recomendación del Ejecutivo no ha gustado al sector financiero. Por el contrario, ha sido interpretada como una presión del Gobierno y un intento por parte de éste de que la concesión de financiación a titulares de una VPO fuese 'casi obligatoria o automática', algo a lo que se niegan bancos y cajas, puesto que supone 'perder la potestad que tienen para decidir a quién sí y a quién no otorgan un préstamo', explican fuentes del sector.
Estas mismas fuentes admiten que la negociación se ha enquistado en este punto. De ahí que las entidades financieras hayan solicitado al Ministerio de Vivienda que plasme su propuesta por escrito para poder discutirla con calma y tratar de llegar a un entendimiento.
Desde el departamento que dirige Beatriz Corredor insisten en que no pretenden que la concesión de créditos sea automática, pero sí que se tenga en cuenta el porcentaje de ingresos que destina cada hogar al pago de la hipoteca, que el nuevo plan aconseja que no supere el 30%. No obstante, se muestran optimistas y consideran que el consenso se logrará en breve plazo.
De hecho, el Consejo de Ministros aprobó el viernes un acuerdo por el que se autoriza a la ministra de Vivienda la firma de convenios de colaboración con las comunidades y ciudades autónomas para la ejecución del plan estatal 2009-2012 y se fija el volumen de recursos financieros para instrumentarlo en un total de 10.188 millones de euros para favorecer a cerca de un millón de familias. Estos convenios, de los que ayer se suscribió el primero con Cataluña, permitirán la puesta en marcha del programa cuatrienal porque es en ellos donde se concretan las actuaciones que se llevarán a cabo en cada región.
El Gobierno da una especial trascedencia a este plan porque no sólo contempla contribuir a frenar la destrucción de empleo mediante la construcción de más vivienda protegida de calidad, sino que también prevé ayudas para movilizar el ingente parque de casas nuevas que no encuentran comprador.
Hacia una reforma de los registros de demandantes
Una de las novedades que incluye el plan 2009-2012 es la obligación que tienen las comunidades de crear (aquella región que no disponga aún de uno) un registro público de demandantes de VPO en el plazo de un año.El objetivo de estos listados es conocer en profundidad el perfil de los hogares que solicitan una vivienda protegida para acomodar la oferta a sus necesidades. Sin embargo, en la práctica, muchos de los registros que están en funcionamiento, sobre todo en algunos ayuntamientos y muy pocos a nivel autonómico, no han conseguido esa función.La razón de ese fracaso es, según admiten promotores y responsables autonómicos, la laxitud con la que suelen funcionar. Así, es bastante común que para apuntarse a uno de esos registros baste con ser mayor de edad, estar empadronado en el municipio que realiza la convocatoria de casas protegidas o, en su defecto, demostrar que el solicitante trabaja en dicha localidad. 'Estos requisitos son los más comunes, sólo algunos registros exigen además demostrar, con la presentación de la última declaración de la renta, unos ingresos mínimos', aseguran fuentes de un consistorio de la Comunidad de Madrid. Como consecuencia de todo ello, cada vez son más frecuentes las renuncias de adjudicatarios de VPO, que suelen lograr la opción de compra de la casa mediante sorteo, porque no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Fuentes del sector aseguran que representantes del ministerio y de las regiones han abordado este asunto en conversaciones informales y han tratado de buscar soluciones para acabar con este problema, pero el departamento que dirige Beatriz Corredor admite que no puede intervenir al ser los registros una competencia autonómica. Entre las propuestas planteadas se habló de crear dos registros, uno para demandantes en compra y otro para alquiler. Ambos incluirían un exhaustivo perfil económico de cada solicitante. De momento, no se ha logrado pactar ninguna reforma.
La cifra
10.188 millones de euros es el volumen de recursos que prevé movilizar el Plan de Vivienda 2009-2012