La Comunidad de Madrid busca edificios para reunir sus sedes judiciales
La Comunidad de Madrid está peinando la capital en busca de más de 100.000 metros cuadrados de oficinas en alquiler para reagrupar sus sedes judiciales y recortar costes mientras llega la Ciudad de la Justicia. Valorada en 900 millones y con fin de obra en 2015, el mayor complejo judicial del mundo podría sumar serios retrasos si no se soluciona la falta de financiación.
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha caído en la cuenta de que el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia le va a costar más tiempo, trabajo y dinero de lo previsto. Como adelantó CincoDías, muchos de los 18 edificios vanguardistas en que se instalarán 11 sedes judiciales están a la espera de licencia municipal un año después de la colocación de la primera piedra. Y, peor aún, el modelo de financiación de las obras ha chocado con la crisis.
La Comunidad de Madrid estaba vendiendo inmuebles de la Consejería de Justicia para afrontar el 80% de una inversión cifrada en 900 millones, pero esa fuente de ingresos se ha secado. Y es que, tal y como está el mercado inmobiliario, no quiere malvender.
El resultado es que las obras se han ralentizado y se cree que las instalaciones no estarán para 2015, la fecha prevista. Ante la falta de sedes propias, el Gobierno regional ha optado por una solución de emergencia en busca de recortar la factura del alquiler, como es la agrupación de más de una veintena de sedes. En la tarea de encontrar el inmueble o inmuebles de alquiler necesarios se encuentra la Dirección General de Justicia, cuyo encargo es reducir al máximo los más de 20 millones al año que paga en la actualidad.
Los juzgados madrileños se encuentran dispersos por puntos tan dispares y caros como la calle Orense, María de Molina, García Noblejas, Gran Vía, Ferraz o la Avenida Juan Carlos I. Fuentes oficiales han reconocido que buscan nuevas dependencias y cifran en 107.000 metros cuadrados de oficinas la superficie a reagrupar.
Faltan permisos
Los planes de la Comunidad pasan por ubicar al norte de Madrid, en Valdebebas, todas las dependencias judiciales con sede en la capital, salvo el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Las seis primeras sedes de la Ciudad de la Justicia deberían estar en funcionamiento en 2011, y la culminación de los 12 edificios restantes se espera para 2015. Pero esos plazos están en cuarentena.
'El Instituto de Medicina Legal estará en 2010', dicen en la Consejería de Justicia. El proyecto dependía del arquitecto Alejandro Zaera y de la constructora Comsa. Pero el primero lo abandonó ante la negativa de la Comunidad a ampliar el presupuesto de la obra.
Para el resto de la primera fase, según las mismas fuentes oficiales, faltan licencias que debe otorgar el Ayuntamiento que preside Alberto Ruiz Gallardón. Así, están estancados el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial, ambos de Norman Foster; el Juzgado de Menores que construirá Acciona y firman Rafael de la Hoz y Jaime Duró, y la central térmica que gestionará Elecnor y ha sido concebida por el estudio Frechilla y López Peláez. Entretanto, se negocia con arquitectos como la iraquí Zaha Hadid, modificados en alguno de los presupuestos.
El Gobierno de Aguirre se plantea distintas salidas para no paralizar la Ciudad de la Justicia: desde esperar a que se recupere el mercado para colocar inmuebles en propiedad, hasta la concesión de las sedes judiciales a empresas privadas para que corran con los gastos de construcción y cobren por el alquiler y la prestación de servicios.
Llamado a convertirse en el mayor complejo judicial del mundo, los 500.000 metros cuadrados de terreno acogerán 11 sedes y distintos edificios reservados a equipamientos. Además se han planeado zonas verdes y un aparcamiento subterráneo con 4.000 plazas que explotará Isolux Corsán.
Entre los inmuebles traspasados para soportar los primeros gastos están los Juzgados de lo Social (calle Hernani), por el que se obtuvieron 60 millones, y un edificio en Fernández de la Hoz colocado en 13 millones. Otros, como los Juzgados de Plaza de Castilla, el Registro Civil de la calle Pradillo y los Juzgados de lo Mercantil de Gran Vía, se han quedado sin ofertas.