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Finanzas

El consejo de Caja Madrid insta a respetar la voluntad de la asamblea

Hoy es el día clave. La asamblea de Caja Madrid debe pronunciarse sobre la reforma de los estatutos que ha presentado el Gobierno regional. Previsiblemente, la norma será rechazada. La Comunidad Autónoma de Madrid puede imponer su criterio, pero el consejo alertó el domingo de la inconveniencia de esta decisión.

Tras cruces de declaraciones, de titulares y de recursos judiciales para dirimir quién controlará Caja Madrid, llega el momento de que hable la asamblea de la entidad.

Esta tarde se reúnen las 320 personas que constituyen el órgano soberano de la caja. De éstas, 100 actúan en nombre de las corporaciones municipales (31,25% del censo), otros 112 son impositores o representantes de los clientes (35%), 40 serán la voz del gobierno regional madrileño (12,5%), otros 36 expresarán la voluntad de los empleados (11,25%) y los 32 restantes actuarán por parte de otras entidades representativas como universidades y patronales empresariales.

La cita se celebrará con carácter extraordinario y en ella se somete a votación tanto la reforma de los estatutos de la caja como la del reglamento electoral realizada por el Ejecutivo que encabeza Esperanza Aguirre. Además, se debe nombrar un auditor externo.

Este año, la entidad de ahorro tenía programada la renovación de la mitad de los miembros de su asamblea así como reconstituir su consejo de administración. Pero en medio del proceso, la Comunidad de Madrid redactó una norma que resta poder a algunos ayuntamientos (notablemente los de Madrid y Sevilla), cuya adopción ahora exige.

La mayoría del consejo de administración de la entidad de ahorro se ha mostrado contraria al texto en las sucesivas reuniones en que se ha tratado el tema (28 de febrero, 5 y 16 de marzo). Hasta 14 de sus 21 miembros se oponen a él. Sólo lo apoyan los consejeros del PP de la órbita de Aguirre.

Con el fin de paralizar su aplicación, el Ayuntamiento de Madrid solicitó que se suspendiera la aplicación de los estatutos que propone la presidenta de la comunidad. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó la semana pasada fijar medidas cautelares en este sentido.

La nueva ley deberá ser sometida, pues, a votación. Para salir adelante, los estatutos propuestos por la Consejería de Economía regional deben contar con el respaldo de dos tercios de la asamblea de Caja Madrid. Este órgano, que es reflejo del propio consejo de administración, rechazará previsiblemente los cambios propuestos. No obstante, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene la potestad de imponer sus términos si quiere.

Consciente de esto, la cúpula de Caja Madrid no dejó de pasar la oportunidad para lanzar ayer una alerta velada al Gobierno de Aguirre. 'La asamblea es el órgano supremo de la caja, cuya voluntad será respetada por los miembros del consejo de administración, y su decisión seguro que será respetada por todos, sin imposiciones por parte de nadie', afirmaba el equipo gestor de la entidad en un comunicado oficial.

En la misma nota, se especificaba que la votación de hoy se celebra porque el pasado 5 de marzo el consejo de administración decidió 'por imperativo legal y en cumplimiento de la ley' convocar la asamblea y enviarle los estatutos adaptados a las modificaciones impuestas por el Gobierno regional.

A vueltas con la legalidad de la reforma propuesta por Aguirre

Los consejeros opuestos al nuevo sistema electoral propuesto por Esperanza Aguirre para Caja Madrid no han ahorrado adjetivos para definir la norma. Así, han calificado ésta de 'anticonstitucional e ilegal', 'innecesaria' y 'no consensuada'. Y han alegado que no respeta la 'representatividad y la igualdad' de los sectores presentes en la caja.En el polo opuesto, el consejero de Economía, Antonio Beteta, no varió un ápice su postura. 'Reafirmamos radicalmente la constitucionalidad de todas nuestras actuaciones', afirmó el martes. Tanto el Ayuntamiento de Madrid, como los 14 consejeros opuestos al cambio y CC OO han anunciado maniobras legales para impedir que el Gobierno regional imponga sus estatutos en la caja.

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