Los aplazamientos de deuda a la Seguridad Social se disparan un 30% en lo que va de año
Los aplazamientos de deuda a la Tesorería de la Seguridad Social se incrementaron el 30% durante los primeros meses de 2009, según adelantó hoy el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar.
Aibar dio a conocer estos datos durante la celebración de una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) dedicada a "las nuevas medidas laborales y de Seguridad Social".
Durante su intervención, Javier Aibar explicó que en 2008 los aplazamientos de deuda a la Tesorería General de la Seguridad Social subieron el 13% (59.000), mientras que entre enero y marzo de este año lo hicieron el 30%.
Explicó que del total de los aplazamientos de deuda registrados en 2009, el 70% correspondió a autónomos y el 96% a cuantías de menos de 30.000 euros.
El director general de la Tesorería subrayó que aunque hay más aplazamientos de deuda, las cuantías que se deben son menores y previó que, debido a la crisis y a las "facilidades" que está dando el Gobierno, el número de deudas aplazadas aumente en los próximos meses.
"No es grave que las empresas pidan un aplazamiento de las deudas a la Tesorería de la Seguridad porque demuestra que confían en hacer frente a sus pagos, me preocuparía que no lo hicieran", manifestó.
Crecen los embargos
Aibar también aseguró que el número de embargos llevados a cabo por la institución pasó de 8 millones en 2007 a 11 millones en 2008.
Sobre este asunto, el directivo de la Seguridad Social dijo que durante el mismo periodo, las subastas de bienes e inmuebles que se quedaron desiertas alcanzaron el 89%.
Por otro lado, el director general de Trabajo, José Luis Villar, explicó que las medidas de carácter "coyuntural y urgente" aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 6 de marzo, destinadas a mantener el empleo, proteger a los desempleados y mejorar la liquidez de las empresas, tendrán un seguimiento por parte de la Seguridad Social.
Así, se podrán comprobar si las cláusulas aprobadas para que las empresas puedan acogerse a la citada medida se llevan a cabo.