Ofensiva para reformar una polémica ley antifraude en transmisiones patrimoniales

Convergència i Unió (CiU) ha aprovechado las enmiendas al proyecto de ley de las Socimi (los REIT españoles) para intentar reformar el criticado por los fiscalistas artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores. Esta norma, que se modificó en 2006 con la ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, pretende evitar, entre otras cosas, que los contribuyentes se ahorren el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) mediante la interposición de sociedades.

Así, el artículo establece que cuando se compren participaciones de una empresa cuyos activos estén constituidos en un 50% por inmuebles se aplica el impuesto de transmisiones patrimoniales, un tributo cedido a las comunidades autónomas, con un gravamen del 7% en la mayoría de territorios. Sin embargo, ello crea situaciones extrañas. Por ejemplo, si una empresa pretende hacerse con un compañía hotelera -que probablemente sus activos sean en más de un 50% inmuebles- deberá tributar por ITP. Parece evidente que, en este caso, no existe ninguna intención de defraudar sino de que el objetivo de la compradora es puramente comercial.

El Grupo catalán, para evitar situaciones como la descrita, incluye un nuevo párrafo en que apunta que no se 'tendrán en cuenta aquellos inmuebles que, aun formando parte del activo de cualquier tipo de entidad, estén directamente afectados a una actividad económica distinta de la meramente inmobiliaria'.

CiU ya intentó con anterioridad cambiar esta ley pero no obtuvo el apoyo del Gobierno. Ahora, con el precario apoyo parlamentario del Ejecutivo, parece un momento más propicio para sacar adelante la reforma.