El Gobierno crea una sociedad pública para promover la vivienda protegida
El Consejo de Ministros ha autorizado la constitución de una sociedad pública para la promoción, adquisición y urbanización de suelo para la construcción de vivienda protegida.
La nueva sociedad será dependiente de Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo, y estará destinada a la promoción directa de vivienda protegida y alojamientos dotacionales, la edificación de naves para la pequeña industria y la promoción de actividades logísticas.
La nueva SEPES Urbana S.A. estará participada al 100% por SEPES y su creación no supondrá un incremento de gasto por parte del Estado. Su funcionamiento se basará en el principio de austeridad, por lo que se ubicará en la sede de Sepes, dispondrá de una plantilla reducida y el puesto de consejero no será retribuido.
Vivienda hace modificaciones en la renta básica de emancipación
El Consejo de Ministros ha aprobado unos cambios para agilizar los trámites de la Renta Básica de Emancipación. A partir de ahora se permitirá además la alternativa del pago de los arrendamientos mediante la domiciliación del recibo por cargo en cuenta y no sólo como transferencia bancaria a la cuenta del propietario, tal y como estaba establecido en el Real Decreto inicialmente.El resto de las modificaciones corresponden a dudas que había generado la implantación de estas ayudas para el pago del alquiler para los jóvenes y se introducen otras novedades como la del plazo de solicitud de las ayudas para el aval y la fianza. A partir de ahora se establece un plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato, salvo que las Comunidades Autónomas establezcan un plazo inferior.Por otro lado, el Ministerio de Vivienda asegura que se están adoptando otras medidas para agilizar más la gestión de los pagos, como la modificación de los convenios con las entidades de crédito para facilitar la transmisión de información, el refuerzo de medios personales y tecnológicos o la mejora de la información presencial, telefónica y telemática a los interesados.Desde su entrada en vigor, en enero de 2008, se han contabilizado unas 220.000 solicitudes, 155.000 resoluciones favorables de las comunidades y ciudades autónomas y casi 100.000 pagos ordenados. "La diferencia entre resoluciones favorables y pagos obedece a la complejidad propia de la ayuda y a los exhaustivos controles establecidos para evitar errores y fraudes", explica el informe.En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que los objetivos de la Renta Básica de Emancipación "se están cumpliendo".