Coyuntura Laboral
Oficina de los servicios públicos de empleo de la Generalitat
Oficina de los servicios públicos de empleo de la Generalitat

El servicio público de empleo tiene 31.000 ofertas de trabajo sin cubrir

Los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) no funcionan. Estas oficinas sólo intermedian en el 8% de las colocaciones, como mucho. Es más, las oficinas de empleo cerraron febrero con 31.000 ofertas de trabajo sin cubrir. El Ministerio de Trabajo quiere mejorar este servicio y lanzará en breve una web que compita con los portales privados de empleo.

Son muy pocos los parados que encuentran un puesto de trabajo a través de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem), pero aún son menos los empresarios que recurren a estas oficinas a buscar trabajadores. Según la última encuesta de Coyuntura Laboral del Ministerio de Trabajo, casi la mitad de los asalariados trabajan en empresas que consiguen sus trabajadores por solicitudes directas de los demandantes o por anuncios en prensa e internet. Sólo el 14% trabaja en compañías que acuden al Inem para buscar a sus empleados.

Fuentes de la dirección de los servicios públicos de empleo admiten que los funcionarios públicos intermedian en ocho de cada cien colocaciones, 'en el mejor de los casos'. A esto hay que añadir las disfunciones en la gestión de las ofertas y demandas, que se evidencian en el hecho de que, ahora mismo, con casi 3,5 millones de parados, el servicio público tiene un stock de 31.000 ofertas de empleo que no puede cubrir. En principio el rechazo injustificado y reiterado de una oferta de empleo 'adecuada' para el demandante, así como la no participación continuada en los cursos de formación que se ofrecen a los parados son causas legales para la retirada de la prestación.

Sin embargo, a pesar de que fuentes de Trabajo admiten que rechazar ofertas y cursos son 'prácticas habituales', el pasado año sólo se retiraron 6.837 prestaciones por desempleo. Además, estas mismas fuentes reconocieron que la práctica totalidad de estas suspensiones de cobro no se produjeron por las prácticas citadas, sino que obedecieron a la no renovación de la demanda por parte del parado, un requisito imprescindible para recibir la prestación.

Este déficit en la gestión de las oficinas de empleo, junto a la avalancha de 150.000 parados más cada mes ha impulsado al Ministerio de Trabajo a tomar cartas en el asunto. La medida más visible para intentar mejorar estos servicios consiste en el lanzamiento de un nuevo portal en internet, con el que Trabajo pretende competir con las web privadas de búsqueda de empleo como son, por ejemplo, Infojob o Monster.

Fuentes de Trabajo confirmaron que este nuevo portal, en el que los empresarios podrán colgar directamente sus ofertas, 'está ya prácticamente terminado y se ha probado incluso su puesta en marcha'. De hecho, sus responsables esperan que pueda estar activo a finales de este mes o a lo largo de abril.

Los planes de los responsables telemáticos del ministerio es que a través de esta web los parados también puedan autogestionarse la prestación y los subsidios, así como renovar sus demandas de empleo en internet.

El resto de medidas van orientadas a reforzar las plantillas de estos servicios públicos, tanto las de la parte de gestión de prestaciones (políticas pasivas), que dependen del Gobierno central, como el personal que se dedica a intermediar entre las ofertas y las demandas de empleo, así como la formación de los parados (políticas activas), que dependen de las comunidades autónomas, excepto en el País Vasco, donde no se han transferido estas políticas.

De hecho, fuentes de Trabajo precisan que la gestión falla más en la parte de las políticas activas de las que se ocupan las comunidades, que en el pago de prestaciones. Prueba de ello es que en la actualidad el periodo medio de reconocimiento de la prestación por desempleo está en ocho días. Si bien este plazo es muy inferior en comunidades como Madrid, con un elevado flujo de altas de prestaciones, donde el periodo medio son cuatro días; o el caso de Cataluña, donde tardan cinco días en reconocer esta renta por desempleo.

Las cifras

3,48 millones son las demandas de empleo pendientes ahora mismo en las oficinas de los servicios públicos de empleo.

216.000 trabajadores están actualmente inscritos como demandantes de un empleo mejor o distinto del que tienen ahora mismo.

3.483 parados inscritos en el Inem solicitan ahora mismo un empleo en investigación y desarrollo.

El Ejecutivo pide cuentas a las comunidades

Los 1.500 orientadores laborales contratados el pasado año para aconsejar en la búsqueda de empleo a los más de tres millones de parados registrados en España deberían funcionar como lo hacen los comerciales de las empresas de trabajo temporal (ETT), que salen a la calle a buscar ofertas de empleo. Esta es la idea que comparten varios responsables tanto del servicio público de empleo estatal, como los de varias comunidades autónomas.

Estos gestores también coinciden en que la falta de eficacia del Inem a la hora de lograr colocaciones entre los parados radica fundamentalmente en la existencia de 17 sistemas distintos de gestionar esta intermediación, ya que este capítulo está transferido a las comunidades autónomas.

Asimismo, culpan de esta situación al hecho de que no exista una coordinación, ni planes estatales que puedan aplicar los funcionarios de las comunidades autónomas.

De momento, en el Ministerio de Trabajo son conscientes de esta problemática y la primera medida que han tomado es publicar sendas órdenes ministeriales en el Boletín Oficial de Estado (BOE) de finales de febrero en las que se obliga a las comunidades autónomas a rendir cuentas de su actividad de intermediación, cuando termine 2009, así como a cumplir una serie de objetivos e indicadores. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron que esta rendición de cuentas es sólo un primer paso, ya que, en su opinión, lo ideal sería terminar vinculando el cumplimiento de dichos objetivos e indicadores al presupuesto final que las comunidades reciben del Estado para las políticas activas.