Gallardón declara la guerra judicial a Aguirre por el estatuto de Caja Madrid
La amenaza se ha cumplido. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado interponer un recurso contencioso administrativo contra los nuevos estatutos de Caja Madrid promovidos por Esperanza Aguirre. El consistorio considera 'lesiva a los intereses de los madrileños' la reducción de consejeros que le otorga la nueva Ley regional de Cajas. Pasa de 70 representantes a 24.
Las espadas vuelven a alzarse, y en este caso la batalla se ha trasladado a los tribunales. El Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer presentar la semana que viene un recurso contencioso administrativo contra el proyecto de los nuevos estatutos de la caja madrileña, modificados a instancias de la Comunidad de Madrid.
A este recurso, que tiene por objetivo 'defender' la representación que le corresponde al ayuntamiento que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón en la caja, le seguirá otra batería jurídica, explican fuentes políticas. El consistorio interpondrá más recursos, a los que se sumarán otros ayuntamientos tanto de la provincia como de otras comunidades al considerar que su peso en la asamblea de la entidad también ha sido 'infrarrepresentada'.
CC OO, además, ha anunciado que llevará a los tribunales al Gobierno de Esperanza Aguirre, aunque en este caso no por los estatutos de la caja, sino por toda la ley regional aprobada en diciembre. El sindicato también pedirá al Defensor del Pueblo que lleve esa reforma al Tribunal Constitucional.
El recurso que presentará el equipo de Gallardón solicita 'la anulación de la resolución del consejero de Economía de la Comunidad de Madrid de 3 de marzo por la que se autoriza el proyecto de estatutos y reglamento electoral de Caja Madrid'.
El Ayuntamiento considera 'lesivo para los intereses de los madrileños y contraria al artículo 2.3 de la Ley de ârganos Rectores de Cajas de Ahorro (Lorca) la nueva representación de las corporaciones locales en los nuevos estatutos de la entidad. En el caso de Madrid, con la nueva normativa realizada por el Gobierno regional, su representación pasa de 70 representantes a 'sólo 24', alega el consistorio. El nuevo peso del Ayuntamiento en la asamblea de la caja, añade, no se ajusta al número de oficinas y porcentaje de depósitos que tiene en comparación con otras fuerzas regionales.
Así, la capital madrileña cuenta con el 64,5% de los depósitos de la entidad y el 56,27% de las sucursales y tendría 24 representantes. Majadahonda, mientras, con un representante hasta ahora, subirá a 14 con la nueva ley, con el 3,12% de los depósitos y el 0,97% de las oficinas.
El inicio de la batalla jurídica Madrid tuvo rápida respuesta por parte del gobierno regional. Su vicepresidente, Ignacio González, calificó de 'incongruencia' el recurso ya que 'todavía no se han aprobado ningunos estatutos' en la entidad. æpermil;stos se someterán a la aprobación de la asamblea el 23 de marzo.
Todo hace indicar, no obstante, que no se llegarán a autorizar ya que se necesitan para ello los votos de dos tercios de la asamblea, porcentaje que no alcanzan sus defensores. Aunque la Consejería de Economía se ha reservado la potestad de adaptar dichos estatutos pese a no ser aprobados. Sí es así, el Ayuntamiento también tiene previsto imponer un nuevo recurso. La batalla jurídica no tiene por que paralizar el proceso electoral de la caja, en el que se tiene que renovar al presidente, Miguel Blesa.
Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla, las perjudicadas
La capital no es la única perjudicada por la nueva ley de cajas de Madrid. Barcelona, tenía ocho representantes hasta ahora y pasa a uno, Valencia con dos tendrá uno, mientras que Málaga y Sevilla pierden su representante. Pese a todo, 14 de los 21 consejeros de la caja creen que los nuevos estatutos no se aplicarán.Fuentes de estos representantes de Caja Madrid recordaron que la reforma de los estatutos de la entidad fue 'impuesta' por la Comunidad de Madrid y que dos tercios de sus miembros se opusieron a ella (14 personas). Estos consejeros ya manifestaron su 'oposición frontal' a las modificaciones definitivas impuestas por Aguirre en el consejo del 26 de febrero, posición que ratificaron el 5 de marzo.