Los proveedores de las constructoras piden cobrar directamente del Estado
La fuerte caída de la actividad, que los proveedores cifran en el 50%, no es el único problema al que se enfrenta la construcción. æpermil;stos reclaman a Economía que, cuando la empresa a la que suministren trabaje para cualquier Administración, ellos puedan cobrar directamente de las arcas públicas y no de las constructoras, cuyos plazos medios de pago son ya de hasta 250 días. Esta petición ha enfrentado a ambos colectivos.
Los fabricantes de materiales de construcción están con el agua al cuello. Los pedidos han caído de forma exponencial, ya que las últimas cifras hablan de un comienzo de ejercicio con un 50% menos de actividad y los encargos que aún reciben ofrecen escasas garantías de pago. Según cálculos de su patronal, Cepco, el plazo medio con el que están cobrando de las constructoras oscila entre los 223 y 250 días. Este pésimo cuadro clínico se agudiza con la actual sequía de crédito y la falta de cobertura por parte de las aseguradoras de riesgo. El montante de la deuda que tienen las constructoras con los suministradores alcanza los 45.000 millones de euros, prácticamente el equivalente a lo que facturó todo el sector en 2007.
'El aumento constante en los plazos de pago asfixia sobre todo a las pymes. Si esta situación no se resuelve, la crisis puede llevar al cierre al 45% de las 5.000 empresas que existen en esta actividad y que emplean a medio millón de trabajadores', explica Rafael Fernández, presidente de Cepco.
La solución para este colectivo se encuentra en que las administraciones les paguen directamente a ellos por los suministros que distribuyen en las obras contratadas por cualquier organismo público, consiguiendo de ese modo que el dinero no pase por las manos de las constructoras. Es decir, que si un ayuntamiento le debe a una constructora el importe de las obras de un colegio, quien le suministró los ladrillos pueda cobrárselos al gobierno local y no tenga que esperar a que le pague la constructora. Sólo de este modo creen que podrían combatir la falta de capital circulante. Y es que el plazo medio de pago de las administraciones es de 144 días. La Administración central es la que mejor responde, con ratios de 45 a 60 días. 'Lo que estamos planteando al Ejecutivo es la necesidad de que las administraciones reconozcan la deuda adquirida por los contratistas con suministradores y subcontratistas', explica el presidente de Cepco. Las mismas fuentes aseguran que ya han mantenido contactos con el equipo de David Vegara para plantear esta posibilidad y Economía alegó que llevar a cabo esta iniciativa supone modificar la Ley de Contratos del Estado.
Sin embargo, los proveedores recuerdan que el Gobierno vasco actúa de ese modo y permite a los suministradores acudir a la banca con certificaciones de pago para obtener el dinero por adelantado en plazos más cortos. 'Si ya existe una administración que lo hace, por qué no en el resto del país', añade Rafael Fernández. Lejos de mostrar comprensión, las constructoras se oponen a esta petición. De hecho, las diferencias entre ambas partes han desembocado en un enfrentamiento en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en la que se sientan representantes de las tres grandes patronales (Seopan, Anci y Aerco) y Cepco.
Las constructoras han basado buena parte de su crecimiento en pedir a los bancos el efectivo necesario para pagar sueldos y afrontar la factura de los materiales. Lo hacen presentando certificaciones de obra al descuento. Es decir, entregan a las entidades financieras los compromisos de pago de la Administración a cambio de liquidez. Un aval cuya credibilidad se está resintiendo por el creciente retraso en las obligaciones de pago, especialmente entre los ayuntamientos. A lo que no están dispuestas las constructoras es a perder parte de ese salvoconducto financiero en beneficio de sus proveedores. Y es que, según defienden, las certificaciones de obra a duras penas les están abriendo ventanas del crédito a ellas mismas.
Las cifras
5.000 empresas operan como proveedores de la construcción. El 10% ha echado ya el cierre y peligra otro 35%, según la patronal.144 días es el plazo medio que tardan las Administraciones en pagar. El País Vasco lo hace en 50-60 días.45.000 millones deben las constructoras a sus proveedores.
Plazos estrictos para el fondo de inversión local
La Confederación que agrupa a las empresas auxiliares de materiales de construcción, Cepco, apoya la resolución aprobada por el Ministerio de Administraciones Públicas que establece la obligación de justificar en un plazo de 10 días todos los pagos, tanto parciales como totales, a los contratistas de las obras que se realicen con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. Dicha resolución establece además que los ayuntamientos tienen la obligación de pagar a los contratistas dichos trabajos dentro de los 30 días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra. Por ello, desde Cepco exigen a la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial garantías que aseguren que también se aplican esos 30 días a los pagos a suministradores y subcontratistas.'Sólo así se conseguiría que el esfuerzo que está realizando el Ejecutivo para inyectar liquidez al sector de la construcción y frenar la destrucción de empleo alcance a toda la cadena de valor', asegura el presidente de Cepco, Rafael Fernández.El Ministerio de Administraciones Públicas ha advertido que vigilará estrechamente que los municipios destinan los fondos recibidos a las obras autorizadas y no al pago de gasto corriente como puede ser la nómina de sus empleados. De hecho, la Administración central está adelantando a los consistorios el 70% de la inversión prevista en el momento de la adjudicación.