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Partidos políticos

La cúpula del Partido Popular escenifica su apoyo a Francisco Camps

Aguirre adelanta la conclusión de la comisión sobre los espías de Madrid.

La plana mayor del PP acudió ayer a arropar a Francisco Camps, en su primera aparición pública en Madrid desde que se le implicara en la supuesta trama de corrupción que envuelve a su partido. 'Yo me compro mis trajes, por eso estoy tranquilo', aseguró el presidente de la Generalitat valenciana, en referencia al 'soborno en especies' del que habla el sumario instruido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La operación Gürtel -'correa' en alemán- involucra a una docena de políticos populares en una presunta red de trato de favores. La investigación debe su nombre al presunto jefe de la trama, el empresario Francisco Correa. Camps aseguró que su labor ha sido 'estricta' en las 3.000 adjudicaciones anuales que se dan en Valencia, y consideró 'tremendamente injusto' el trato recibido.

Mariano Rajoy ha defendido la inocencia de Camps desde el comienzo del proceso. Por eso, el presidente de los populares acudió a dar su explícito apoyo a Camps en el foro de Abc. Junto a él posaron también las grandes espadas del PP, incluyendo al alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, el presidente fundador, Manuel Fraga, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

'Atropello democrático'

Esta última adelantó dos semanas el cierre de la comisión de investigación que trata de aclarar la presunta trama de espionaje a políticos de la Comunidad. De esta forma, la Junta de Portavoces de la Asamblea -con mayoría del PP- anunció ayer que espera presentar su dictamen el 18 de marzo, lo que implica que la de hoy será la última sesión, pese a que estaba prevista para el 31 de marzo, informa Efe.

Francisco Granados, responsable de la Consejería de Interior, de la que dependen los presuntos responsables de los seguimientos, efectuará hoy la última comparecencia de la comisión.

PSOE e IU denunciaron que los principales afectados no han declarado aún, lo que supone un 'atropello democrático'. Ambos grupos estudian llevar el caso ante el Tribunal Constitucional.

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