El Gobierno aprobará hoy más medidas para frenar el paro sin el acuerdo de los agentes sociales
El Gobierno aprobará hoy las medidas que venían discutiéndose en el diálogo social, sin contar con el respaldo de sindicatos y empresarios, quienes en general consideran que las medidas se quedan cortas y resultarán insuficientes para frenar la destrucción de empleo.
El pasado lunes y tras reunirse la comisión de seguimiento del diálogo social, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, compareció ante la prensa para explicar esta iniciativas, que entrarán en vigor en un par de meses y cuyo coste ronda los 1.500 millones de euros, a los que habrá que añadir los 10.000 millones que el Ejecutivo se ha comprometido a aportar para garantizar el pago de las prestaciones por desempleo.
La mayoría de las medidas necesitan instrumentación legal, por lo que se aprobarán vía decreto-ley y con tramitación de urgencia, aunque deberán ser convalidadas en el Parlamento. Aún así, el decreto-ley es sólo la traducción jurídica que presentó Trabajo el pasado lunes. De hecho, ayer la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, explicó hoy que mañana se aprobará el decreto ley y que el lunes posiblemente se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que entrarían en vigor al día siguiente, aunque tendrá que pasar un mes para que lo convalide el Parlamento. Rojo explicó que las medidas tienen un objetivo prioritario que es frenar la destrucción de empleo y contribuir al mantenimiento del empleo.
La única medida que queda fuera del decreto es la que pretende mejorar los servicios públicos de empleo, para lo que el Gobierno se ha comprometido a mantener y actualizar las plantillas, con la incorporación temporal de 900 personas este año, que se unen a los 1.415 trabajadores que entraron en 2008 como personal estructural para afrontar las mayores cargas de trabajo. Además, se ha decidido dejar de manera permanente a los 1.500 orientadores contratados en 2008 para ayudar a los desempleados en la búsqueda de empleo. Sin embargo, esta medida no está incluida en el real decreto porque no necesita ninguna modificación legal, de manera que el Gobierno seguirá adelante con la modernización de los servicios públicos de empleo, aunque no esté recogido en el texto.