Telefónica gana el primer juicio a un municipio por la tasa por dominio local
Telefónica ha ganado la primera sentencia judicial a un ayuntamiento por el litigio abierto entre operadoras de móviles y municipios derivado de la tasa por el uso del dominio público local, que obliga a estas empresas a pagar el 1,5% de sus ingresos brutos.
Las operadoras españolas han logrado su primera gran victoria judicial en la disputa que mantienen con los ayuntamientos por la tasa de explotación de servicio de telefonía móvil. Según ha podido saber CincoDías, el juzgado de lo contencioso administrativo número 25 de Madrid ha dado la razón a Telefónica en un litigio que mantiene con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por la liquidación de la controvertida tasa, que obliga a estas compañías a pagar un 1,5% de sus ingresos brutos en concepto de servicio de telefonía móvil por uso del dominio público local.
Aunque en este caso el importe favorable a la operadora suma solo una cifra cercana a 60.000 euros, fuentes del sector dicen que la importancia de la resolución radica en que puede sentar doctrina en la disputa judicial que estas firmas mantienen con los municipios por esta cuestión. Si bien es cierto que ya existe un antecedente sobre este tema del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en este caso la resolución fue favorable a los ayuntamientos. 'La de Pozuelo es la primera sentencia favorable en la que expresamente se cita como fundamento la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre casos similares en los que estaban implicadas las eléctricas', explican algunos expertos consultados en la materia.
En el litigio de esta localidad, el juez ha fallado a favor de Telefónica, que había recurrido la desestimación por silencio administrativo por parte del citado municipio a un recurso de reposición interpuesto con anterioridad por la operadora. El magistrado establece que la aplicación de la citada tasa a las operadoras por parte de los ayuntamientos incumple la jurisprudencia del Tribunal Supremo, basada en dos sentencias de 2007 referidas a las compañías eléctricas y de suministros. Según el juez, al aplicarse el mismo criterio a las operadoras, esto supone que los municipios no pueden exigir el cobro de dos tasas a las telefónicas, una general (sobre el uso del dominio público local) y otra especial (la que se aplica sólo a empresas de suministro como las eléctricas, las gasistas o las de móviles), como quieren los ayuntamientos. El juez establece que sólo deben pagar la segunda, la específica, pero, como 'la regulación de la tasa especial que contempla la Ley de Hacienda Local excluye expresamente a las operadoras de móviles de pagar este tipo de tasas, estas compañías no deberán abonar ninguna', matizan las mismas fuentes.
El caso puede tener una relevancia importante para el sector de las telecos si se tiene en cuenta que actualmente el conjunto de los operadores tiene abiertos unos 800 pleitos de ordenanzas fiscales con los municipios en todo el territorio nacional. Este éxito judicial para las operadoras, de llegar a buen puerto y si se repite en todos los casos abiertos, supondría que las compañías se librarían de pagar una cantidad nada desdeñable a los ayuntamientos. Fuentes del sector señalan que la patronal Redtel calcula en unos 270 millones de euros el dinero que las operadoras deberían de pagar si todos los ayuntamientos adoptasen la tasa. Y recuerdan que municipios grandes como Madrid, Barcelona o Sevilla la han introducido. Una cantidad que según Redtel podría destinarse a invertir en redes de nueva generación.
Redtel se muestra satisfecha
La asociación de operadores con red propia Redtel aseguró ayer a este periódico que la sentencia es 'satisfactoria' porque recoge la tesis del operador y del sector. Aún así, prefirieron hablar de 'paso gratificante, pero moderado', porque se trata de una sentencia en primera instancia 'y aún caben recursos'. Según Redtel, existen en estos momentos muchos procesos abiertos. 'La tasa se está recurriendo en todos los sitios, porque no tiene base para ser aplicada, ya que el único dominio público que emplean las operadoras móviles es el radioeléctrico y éste está gestionado por el Estado, al que ya se paga por ello'. La asociación ha mantenido siempre que el sector está muy penalizado fiscalmente. Según Redtel, en 2007 la contribución fiscal de los operadores de la asociación ascendió a 568 millones de euros, un 5,8% más que el año anterior. De ellos, 205 millones correspondieron a la tasa de ocupación de dominio público. Las mismas empresas pagaron en ese periodo 246 millones por la ocupación del espectro radioeléctrico.