Las asociaciones de jueces cifran en el 62% el seguimiento de la huelga
El desacuerdo con el Gobierno ha llevado a la judicatura a secundar la primera huelga de jueces de la democracia. El seguimiento fue del 62% para los convocantes y del 47% para el CGPJ.
Los jueces jugaron ayer su carta más fuerte, en la partida que mantienen con el Ejecutivo, al protagonizar la primera huelga judicial de la historia. Las dos asociaciones organizadoras se felicitaron al comunicar que 2.179 de los 3.500 jueces convocados secundaron el parón. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rebajó la cifra a 1.635, lo cierto es que los actos de protesta, a los que acudieron seguidores y detractores de la huelga, fueron multitudinarios. Mientras, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo anunció, tras ser duramente criticado en el Congreso por una oposición que pedía su cabeza, que legislará para prohibir al colectivo repetir la jugada. Algo que han advertido que harán el 26 de junio.
'Ha sido un éxito total. El CGPJ da cifras significativas pero menores porque dependen de los Tribunales Superiores y los decanos. A nosotros nos han informado directamente', expone Marcelino Sexmero, portavoz de Francisco de Vitoria, la asociación que junto al Foro Judicial se sumó a la decisión de las principales Juntas regionales para convocar la huelga. Las otras dos -entre las cuatro representan al 50% de la carrera- abogan por esperar hasta junio, pero se unieron ayer a las concentraciones de protesta en las grandes capitales.
El colectivo reclama una reforma estructural y la modernización de los juzgados. Sin embargo, Bermejo ha insistido en que este órdago responde al malestar de la carrera judicial por las críticas del Gobierno a la 'leve' sanción impuesta al juez Rafael Tirado por la muerte de la niña Mari Luz Cortés. La negociación con el ministro, en la que Bermejo prometió una inversión de 20 millones más y los jueces renunciaron a su subida salarial, supo a poco. Así, mientras los juristas seguían debatiendo sobre el papel si era o no legal, la huelga del tercer poder del Estado se llevó a cabo.
La fecha elegida coincidió, además, con uno de los ataques más duros del PP al ministro. Su presidente, Mariano Rajoy pedía ayer a Zapatero que cesara a Bermejo, tras la cacería protagonizada por éste junto al juez Baltasar Garzón, que instruye un caso contra presuntos políticos corruptos del PP. Tras rechazar las acusaciones de un uso partidista de la fiscalía, el ministro adelantó que planteará una ley que regule la capacidad de reivindicar de los jueces, 'desde la convicción de que un Poder del Estado no debe estar en huelga'.
Los ciudadanos fueron los más afectados por el parón pese a los servicios mínimos que, según los organizadores, cubrieron todos los asuntos relativos a 'derechos fundamentales', como registros, causas con presos o matrimonios. Las posibles sanciones dependen del CGPJ. Este órgano, que comparte las reivindicaciones pero no apoyó la huelga, sostuvo que deberá decidirse en función de las 'denuncias concretas'. Las asociaciones descartan que se expediente a nadie 'dada la alta participación'. La incidencia fue grave en Madrid, donde esta semana está convocada también una huelga de funcionarios de Justicia. En su tercer día de reclamación de alzas salariales y aumento de plantilla, la movilización osciló entre el 82% para los organizadores, y un 38,5%, para la Consejería.
Las principales reclamaciones
Alcanzar el ratio europeo de jueces, que dobla la proporción española. El objetivo sería llegar a 20 por cada 100.000 habitantes.Modernizar los juzgados. Incluyendo la digitalización de los documentos y la creación de una red nacional de comunicación interna.Instaurar la Nueva Oficina Judicial, que establezca las cargas máximas de trabajo por juez, y permita una mejor conciliación de la vida familiar y laboral.Mantener la potestad para señalar los juicios, que el Gobierno quiere para los secretarios.