La patronal reclama que la regulación de empleo sea libre, sin autorización
Los empresarios insisten en que solucionar la actual crisis económica y la dramática tasa de paro en España pasa por flexibilizar los despidos, hasta tal punto que la CEOE reclama que los expedientes de regulación de empleo dejen de ser autorizados por la Administración pública.
La patronal se quedó ayer un poco más sola en su cruzada por abaratar los despidos. Tras la tajante negativa del presidente del Gobierno y la clara oposición de los sindicatos, el Partido Popular se pronunció ayer para rechazar de pleno la propuesta de los empresarios. Pese a todo, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, defendió un modelo de flexibilización en la extinción de contratos en el que ayer incluyó la reivindicación de no sujetar 'para nada' la tramitación de los ERE a la autorización de la Administración.
'No creo que ninguna persona que quiera el bien del país rechace esta propuesta', respondió Díaz Ferrán al ser preguntado si alguna formación política, en general, y el PP, en particular, apoyaban rebajar los despidos. Lo que el presidente de los empresarios quizás no esperaba es que el portavoz económico de los populares, Cristóbal Montoro, quién asistía al desayuno informativo, tomara la palabra. 'No se puede introducir más desconfianza', argumentó Montoro, dada la tasa actual de desempleados. 'La posición del PP es claramente contraria a abaratar el despido', concluyó. El portavoz defendió que la reforma del mercado de trabajo que plantea su partido va en la línea de la que se acordó en 1997 con patronal y sindicatos.
Algo contrariado, Díaz Ferrán admitió que en la tesitura actual 'ningún empresario va a contratar a nadie porque sea más barato despedirle', pero aseguró que la medida ayudaría a salir fortalecidos de la crisis una vez se toque fondo. Contrariaba así las optimistas previsiones, al menos a corto plazo, del presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, que hace apenas una semana defendía que el nuevo modelo de despidos generaría un millón de empleos.
'No pedimos el despido libre', matizó Díaz Ferrán. 'Eso ya existe y es carísimo'. Su propuesta consiste en crear un contrato que rebaje la indemnización de 45 días por año trabajado a 20 -con un tope de un año- en caso de despido improcedente. El responsable de la CEOE expuso que dicha disminución aumentaría el número de contratos indefinidos frente a los temporales.
Agilizar los despidos colectivos
Siguiendo dicho razonamiento, Díaz Ferrán lanzó una nueva apuesta al foro económico para agilizar el mercado laboral: eliminar permanentemente la supervisión y autorización que la Administración ejerce sobre los ERE. 'Han de ser una solución rápida en una empresa para que se puedan conservar el mayor número de puestos de trabajo, y para que una vez pasado ese bache, esa empresa vuelva a crecer y crear empleo', sostuvo. Esta política eliminaría la intervención pública, que se limita a actuar cuando no existe un acuerdo en las condiciones del despido colectivo entre empresario y trabajadores, ya que si se da, se limita a aprobar el expediente.
Pese a la clara distancia entre las reclamaciones de la CEOE y los sindicatos, Díaz Ferrán confió en que los agentes sociales llegarán a un acuerdo en las mesas de diálogo social y en la negociación colectiva. Sin embargo, volvió a lanzar un guante al Ejecutivo advirtiendo de que si no se llega a acuerdo 'será el Gobierno quien deba gobernar'.
Díaz Ferrán propone ajustar la tarifa eléctrica antes de 'entrar en deflación'
En su receta para paliar la recesión económica del país, el presidente de la CEOE propuso ayer aprovechar la contención de la inflación -'que probablemente se traducirá en deflación en los próximos meses'- para ajustar la tarifa eléctrica 'de una vez por todas'. Gerardo Díaz Ferrán señaló que las eléctricas 'no pueden continuar con el déficit tarifario'. Además, instó al Gobierno a reducir la dependencia energética externa y a contar con las nucleares para tal fin. Por último, el presidente de los empresarios defendió las buenas relaciones entre la patronal y la banca, y achacó la falta de liquidez a un inadecuado aprovechamiento del ICO y a la falta de previsión del Ejecutivo.