Una reforma concursal que no frene la financiación empresarial
Los expertos avalan en su mayoría los cambios que prepara el Ministerio de Justicia para proteger las operaciones de refinanciación de los proyectos de las empresas
Ya lo avanzó el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, durante su participación en el Foro CincoDías en diciembre. El Gobierno prepara la reforma de la Ley Concursal para simplificar y agilizar la tramitación del concurso y para 'concretar algunos conceptos imprecisos que se plantean actualmente', anunció. Se trata sobre todo de modificar el mecanismo de la rescisión concursal en relación con las operaciones de refinanciación por parte de entidades financieras de empresas en crisis. Algo que ha pedido de manera insistente la banca.
El vicesecretario general de la AEB, Francisco Uría, aseguró desde este mismo periódico ya en noviembre que 'las entidades de crédito necesitan esos acuerdos o convenios previos al concurso gocen del mayor grado de seguridad jurídica' y que, en ese sentido, 'determinadas interpretaciones del artículo 71 de la Ley Concursal (y no tanto el propio precepto) introducen un riesgo inaceptable para la conclusión de esos acuerdos o convenios preconcursales'. El Ministerio de Justicia reconoce tener ultimado un texto de reforma que se tramitaría, pero el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo prefiere no desvelar ni cuándo decidirá remitirlo al Consejo de Ministros ni cuáles son las líneas maestras que recogerá el futuro texto. Algunos expertos aventuran que el Gobierno prefiere no dar publicidad a un proyecto que podría entenderse por la sociedad como una concesión a la banca.
'La Ley Concursal necesita reformas y nos parece bien que se hagan mediante un decreto ley sin que mucha gente opine, porque de hacerlo con un proyecto de ley se abriría la caja de Pandora de la prelación de créditos', dice Raimon Casanellas, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), quien aplaude que la reforma vaya a garantizar los acuerdos preconcursales.
También el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, se ha manifestado a favor del cambio. En este caso, porque en su opinión se eleva los ratios de morosidad. Desde su punto vista, el hecho de tener que provisionar el 25% de los créditos concedidos a una empresa en concurso deteriora considerablemente la morosidad, lo que explica que ésta haya repuntado.
Lo cierto es que el Gobierno ha escuchado con atención las demandas de las entidades financieras. Ayer Solbes aseguró que 'no es el momento de reprobar a bancos y cajas por un comportamiento precavido'. No obstante, algunos expertos dudan que la reforma vaya a producirse de manera inminente porque debe sopesarse su oportunidad y porque algunas fuentes jurídicas apuntan incluso a la existencia de ciertas diferencias de opinión entre los ministerios de Economía y Justicia.
Algunos expertos se muestran cautos respecto a realizar cambios a la carta ante situaciones concretas y apuntan a que la reforma que prepara el Gobierno acabará por conocerse como Decreto Martinsa o Decreto Hábitat. También recelan de la modificación de una ley tan reciente. Es el caso de Juan Ignacio Fernández Aguado, del despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo. 'La ley necesita cambios, es cierto, pero pongo en tela de juicio la oportunidad y el alcance de la reforma porque proteger las operaciones de refinanciación puede ser un arma de doble filo. La intención de la ley es que las empresas en dificultades vayan a concurso cuanto antes, pero no tiene mucho sentido que se acuda a una refinanciación antes del concurso, y si luego se acaba en concurso de todas formas, haya que blindar y proteger ese tipo de operaciones porque eso podría suponer privilegiar a unos acreedores frente a los demás', argumenta.
Íñigo Villoria apunta que la reforma deberá aportar seguridad jurídica a la hora de reestructurar empresas en crisis. Y Alberto Núñez-Lagos y Ángel Alonso de Uría Menéndez creen que la norma tiene que garantizar las operaciones de refinanciación y evitar cuestiones como que 'determinados administradores concursales, en una actitud contraria a la norma, amenacen a los acreedores con subordinar su crédito'.
El socio de Garrigues Antonio Fernández cree que no sólo se debería abordar la cuestión de la refinanciación de las entidades en crisis, 'quienes dan créditos quieren garantías', sino que la reforma debería acelerar los procedimientos para evitar que cuando se llegue a la propuesta de convenio la empresa no esté ya muerta.
Los plazos excesivos lastran la recuperación de las empresas
'Una empresa no puede estar un año y medio en los juzgados porque entonces no es reflotable', explican Alberto Núñez-Lagos y Ángel Alonso de Uría Menéndez. Pero es una opinión compartida por todos los expertos. Núñez-Lagos y Alonso opinan que 'es mucho mejor llegar a acuerdos fuera que dentro del concurso'. Antonio Fernández, de Garrigues, opina que la actual ley es 'tremendamente desincentivadora' de la posibilidad de acompañar una propuesta anticipada de convenio con la propia solicitud del concurso porque la norma da privilegios sobre una parte del crédito a los acreedores que insten el concurso. 'Difícilmente confiará el deudor de su situación de crisis a sus acreedores'.
Los costes impiden a muchas pymes ir a concurso
El presidente del Refor, Raimon Casanellas, asegura que se debería aprovechar la reforma para reducir determinados costes para algunas empresas. 'A veces ni siquiera pueden pagar el anuncio para declararse en concurso'. El presidente de la sección de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de Valencia ha cifrado que en torno al 30% de los concursos no se admiten a trámite, ya que las empresas carecen de recursos y de bienes suficientes para hacer frente a los gastos mínimos del procedimiento. Sólo la publicación del concurso en el BOE y en un diario puede ascender a 900 euros.No pueden presentar concurso', tanto por el elevado coste como por la complejidad del procedimiento.