La construcción acusa a la banca de no descontar pagarés de obra pública
La falta de confianza que aún reina en el mercado financiero está pasando factura al día a día de muchas actividades económicas. Las constructoras se quejan de que por primera vez en la historia la banca se está negando a adelantarles el desembolso de las certificaciones de obra pública, lo que dificulta el pago a proveedores y empleados.
La escasez de crédito no sólo está penalizando a las familias y empresas que pretenden consumir o invertir en una nueva actividad, sino que también perjudica a algunos proyectos en marcha. Las constructoras han hecho llegar al Gobierno su malestar por una circunstancia que nunca antes se había producido. Todas las grandes patronales del sector denuncian que algunas empresas que están construyendo infraestructuras públicas, cuando acuden a su banco o caja a solicitar un adelanto o descuento del dinero pendiente de cobro por lo ya terminado (las conocidas certificaciones de obra), las entidades ponen más problemas de lo esperado y se resisten a abonar dichas cantidades.
'Las grandes compañías pueden sobrellevar mejor esta situación, pero para las pymes es hoy su problema número uno, ya que esa negativa está estrangulando su liquidez', explican fuentes del sector. El hecho de que una pequeña constructora, con trabajos en cartera para los próximos seis meses no pueda cobrar esos descuentos puede suponer que 'sea incapaz de hacer frente al pago de sus proveedores e incluso a la nómina de sus empleados, situarla al borde del precipicio', insisten las mismas fuentes.
En el caso de los proveedores, la coyuntura es también dramática. Hasta hace unos meses, numerosos fabricantes y distribuidores de materiales de construcción obtenían líneas de crédito y aseguraban sus riesgos con seguros y otros productos financieros que hoy no les renuevan. 'Esto provoca que estos profesionales estén trabajando sin paracaídas', defiende un empresario.
Ante los problemas que podría generar que se prolongue esta situación, las constructoras reclaman al Gobierno 'soluciones imaginativas'. 'Puesto que los titulares de esa deuda pendiente de cobro son las administraciones u organismos públicos, el pago está garantizado, aunque se dilate en el tiempo. Por ello, alguna institución, como el ICO, o la que el Ejecutivo determine debería comprar esos activos o, al menos avalarlos', defienden desde una de las principales organizaciones empresariales del sector. Si se pudiese arbitrar algún mecanismo que abriera el grifo de la financiación, esto ayudaría a muchas pymes a poder seguir trabajando, insisten.
En cualquier caso, las constructoras aseguran que con estas denuncias no pretenden demonizar a la banca. 'Somos conscientes de la precaria coyuntura que atraviesa el sistema financiero y que los bancos españoles no han recibido inyecciones de capital como ha ocurrido en otros países', advierten en otra patronal. De hecho, recuerdan que prestar dinero es el negocio de las entidades, 'por lo que entendemos que si no lo están haciendo, los más perjudicados serán los propios bancos y cajas de ahorros'.
En cuanto al desarrollo de las obras que se pondrán en marcha con cargo al fondo estatal de 8.000 millones de euros, desde las patronales se comprometen a hacer un seguimiento exhaustivo de cada proyecto, de que se cumplen las normas establecidas en el real decreto y que los trabajos contribuyen a fomentar el empleo. Al mismo tiempo, exigen que las tres administraciones no dejen de licitar obra pública y que el Ministerio de Vivienda acelere al máximo la puesta en marcha del nuevo plan 2009-2012 para evitar que siga destruyéndose empleo en la construcción.
Asunto a debatir entre Zapatero y las entidades
La propuesta del sector de la construcción de avalar de algún modo las certificaciones de obra para garantizar que podrán cobrarlas por adelantado no ha caído en saco roto en el Gobierno. Fuentes consultadas por CincoDías aseguran que existe escaso margen de maniobra para habilitar otra línea de avales o comprar esos activos. Según ha podido saber este periódico, algunas comunidades, como Cantabria, sí estudian la posibilidad de avalar esos derechos de cobro. Este asunto será debatido en la reunión que el presidente del Gobierno mantendrá con los principales representantes del sector financiero la próxima semana. José Luis Rodríguez Zapatero tratará de convencer a bancos y cajas de que cuando las constructoras les entreguen sus certificaciones no pongan objeciones a su descuento. 'Tendría sentido su recelo si se tratara de pagarés de empresas privadas, pero no cuando los emiten administraciones y organismos públicos', aseguran.
Consejos para el fondo de 8.000 millones
Cuando el Gobierno dio a conocer la puesta en marcha del Fondo Estatal de Inversión Local de 8.000 millones de euros en noviembre pasado, las empresas de la construcción aplaudieron la iniciativa, ya que de la lectura del real decreto dedujeron que 'está elaborado con rigor e inteligencia'. Pero las patronales critican que antes incluso de haberse puesto en marcha los trabajos se haya cuestionado su utilidad. Por este motivo, recomiendan a sus asociados que vigilen escrupulosamente los criterios de adjudicación.-El real decreto establece que como criterio de adjudicación se deberán incluir los indicadores relevantes de la medida en que el contrato de obra contribuirá al fomento del empleo.-La Ley de Contratos del Sector Público establece que la determinación de la oferta más ventajosa deberá atender a criterios 'directamente vinculados al objeto del contrato'. Por ello, las empresas aconsejan que las adjudicaciones no sólo valoren las nuevas contrataciones que se realicen, sino el mantenimiento del personal del que ya dispone cada constructora.-Otra recomendación que promulgan las patronales es que las empresas que acudan a los procesos de selección tengan en cuenta que aunque los órganos de contratación pueden fijar condiciones especiales en la ejecución del contrato, éstas deben ser compatibles con el derecho comunitario y especificarse en el anuncio de licitación, el pliego o el contrato.-Hasta la fecha se han aprobado 14.740 proyectos correspondientes a 3.482 ayuntamientos y cuatro mancomunidades de vecinos, según el Ministerio de Administraciones Públicas.