El Gobierno estudia agilizar el fondo de inversión municipal
Las empresas han trasladado al Gobierno la necesidad de que los 8.000 millones destinados al fondo de inversión municipal sean librados con urgencia y sin excesivos trámites burocráticos. El Ejecutivo se ha comprometido a estudiarlo en breve sin descartar cambiar el real decreto que regula dicho fondo.
Este sábado vence el plazo para la presentación de proyectos de obra nueva que pueden acogerse a la financiación prevista en el Fondo Estatal de Inversión Local. Hasta el jueves, se habían autorizado más de 11.500 expedientes correspondientes a casi 2.700 ayuntamientos y una mancomunidad, y se habían registrado solicitudes para sufragar obras por un importe total de 7.415 millones de euros procedentes de 7.247 consistorios, el 90% del total.
La finalización del plazo para la presentación de proyectos coincide con la reivindicación trasladada por los empresarios al Gobierno para que los ayuntamientos agilicen al máximo el pago de los diferentes proyectos.
El Fondo municipal quedó articulado a través de una resolución de Administraciones Públicas publicada el pasado 10 de diciembre que establece dos fases para el pago de las obras. La primera vence con la verificación del certificado de adjudicación de cada proyecto, momento en el que debe librarse el 70% de su importe, y la segunda con la finalización, que es cuando se paga el 30% restante. Este sábado, el Gobierno libró el 70% de los primeros 32 proyectos aprobados, por importe de medio millón.
La presión que ejerció el PP, sobre todo, para que el proceso reuniera todas las garantías de fiscalización llevó al Gobierno a ser muy meticuloso en la regulación del Fondo, hasta el punto de que los empresarios temen que muchos ayuntamientos utilicen los 8.000 millones para sanear sus arcas y los trasladen a las pequeñas y medianas empresas en los plazos tan tardíos que acostumbran. Los últimos datos del Banco de España apuntan a que el conjunto de las corporaciones locales tiene facturas sin pagar por importe superior a los 30.000 millones de euros, retraso que puede poner en dificultades a numerosas sociedades.
El Gobierno se ha comprometido a estudiar las reivindicaciones empresariales mediante la introducción de retoques al decreto ley que regula el Fondo para eliminar trámites innecesarios y agilizar el pago a las empresas.
A favor de que el BCE descuente papel comercial a las empresas
Los empresarios han trasladado también al Gobierno que promueva dentro de la UE la conveniencia de que el Banco Central Europeo (BCE) siga los pasos dados el pasado otoño por la Reserva Federal estadounidense y compre papel comercial para conseguir de esta forma activar un mercado que se ha secado en los últimos meses aunque ya se encuentra algo más estabilizado gracias a las emisiones de deuda.La respuesta del Gobierno a esta sugerencia de los empresarios no ha sido negativa, puesto que se considera que hay que ensayar todos los instrumentos al alcance de la mano para no ahogar la actividad empresarial en un momento en el que la falta de crédito sigue imponiéndose en el mercado.