La construcción exige menos responsabilidades penales
Representantes del sector de la construcción (promotores, constructoras, arquitectos, aparejadores e ingenieros) reclamaron ayer al Gobierno una profunda reforma legal para rebajar las responsabilidades empresariales en los accidentes laborales, sobre todo las penales y las indemnizatorias.
No queremos eludir nuestras responsabilidades cuando se produce un accidente laboral, sino que se reordenen las sanciones para hacerlas más eficaces'. En esta idea insistieron ayer una y otra vez los máximos responsables en bloque del sector de la construcción, que reclamaron a la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, una profunda reforma legal de las responsabilidades empresariales en materia de siniestralidad laboral.
Las 21 propuestas del sector de la construcción han sido elaboradas por el responsable del área laboral de Cuatrecasas, Salvador del Rey, quien también reiteró que 'no se trata de aliviar las responsabilidades sino de hacerlas más racionales'. Para empezar, reivindican limitar al máximo el recurso a las responsabilidades penales de los empresarios. 'La vía penal no puede ser el primer arma para combatir la siniestralidad, sino que debe ser el último recurso. Sólo debería poder utilizarse en casos de extrema gravedad y de reiterados incumplimientos de la ley', explicó Del Rey.
El representante de los arquitectos técnicos (CGATE), José Antonio Otero, aseguró que el sector está 'asustado de la deriva que está tomando la responsabilidad penal, que es absolutamente desproporcionada e irracional'. Y criticó que el éxito de la Fiscalía 'dependa de cuántos empresarios se encarcelan'.
El paquete de propuestas afecta también a la reforma de las sanciones administrativas y civiles (multas e indemnizaciones). En estos puntos reclamaron que las sanciones no sean objetivas, como está ocurriendo en la actualidad, sino proporcionales con el grado de culpabilidad. Igualmente pretenden que se tenga en cuenta la trayectoria del empresario a la hora de fijar dicha sanción.
Asimismo, rechazaron el actual sistema de recargo de las prestaciones -que oscilan entre un 30% y un 50% y financia el empresario- y que se sustituya por otro de bonus malus que encarezca las cotizaciones de las empresas con elevada siniestralidad y rebaje las cuotas o de otros incentivos fiscales a las que cumplan la ley.
Propuestas
Responsabilidad penal. Reconducir la pena de cárcel a la reincidencia de delitos graves.
Jurisdicciones. Aumentar las competencias de la jurisdicción laboral, en detrimento de la civil.
Recargo de prestaciones. Eliminar este sistema y sustituirlo por penalizaciones en las cotizaciones.
Indemnizaciones. Que sean 'excepcionales'.
Controles de alcoholemia en las obras
'No proponemos arruinar con sanciones administrativas al trabajador que incumpla la ley de prevención de riesgos, sino que éste también pueda ser objeto de dichas sanciones, como lo son los empresarios', indicaba ayer el responsable del área laboral de Cuatrecasas, Salvador del Rey. En su opinión, la Inspección de Trabajo debería poder sancionar de oficio a los trabajadores que vean incumpliendo la norma. 'Como lo harían si lo encuentran fumando en una oficina donde esté prohibido', según el ejemplo que puso Del Rey.Además, los empresarios de la construcción quieren poder comprobar 'si el trabajador está en condiciones aptas para desempeñar su labor'. Para ello, demandan poder hacer 'controles aleatorios' que demuestren si el trabajador ha consumido alcohol, drogas o medicamentos contraindicados para su trabajo. 'No queremos saber la situación médica del trabajador pero sí, si es apto o no'.