5.979 acreedores llaman a la puerta de la inmobiliaria Martinsa Fadesa

Entidades financieras, ayuntamientos, particulares y empresas de todos los tamaños reclaman a la compañía 6.744 millones.

Asomarse al listado de acreedores de Martinsa Fadesa produce vértigo. La administración concursal detalla en su informe 5.979 acreedores que reclaman a la inmobiliaria 6.744 millones de euros. La crisis del grupo presidido por Fernando Martín, que solicitó su entrada en concurso el pasado mes de julio con una deuda superior a los 7.000 millones, ha arrastrado consigo a ayuntamientos, particulares, compañías de todos los tamaños y entidades financieras. Con todo la firma dispone de un razonable colchón de seguridad para hacer frente a estos compromisos, que según los últimos cálculos de los administradores asciende a 7.404 millones.

La fría tabla de cifras e identidades societarias que los administradores concursales desgranan a lo largo de las 1.513 páginas que configuran el inventario de acreedores de la inmobiliaria esconde todo tipo de historias, algunas realmente complejas. Es el caso del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. En 2004, en pleno auge inmobiliario, la corporación municipal sacó a concurso público un millón y medio de metros cuadrados de suelo rústico, que planeaba convertir en urbanizable. El concurso fue ganado por Fadesa, que abonó en tiempo y forma los pagos correspondientes a los dos primeros plazos y al IVA correspondiente a la operación. El próximo 29 de enero vencen los dos últimos plazos por un monto total de 25,6 millones de euros y el ayuntamiento ya se ha hecho a la idea de que no va a cobrar en el corto plazo.

'La situación en que nos ha dejado el concurso de Martinsa es gravísima. Contábamos con ese dinero y vamos a tener que suspender muchas inversiones ya comprometidas que estaban vinculadas al cobro de ese crédito', comentan en la corporación local. Esos 25,6 millones superan en un 25% el presupuesto municipal para todo el año.

La dependencia municipal de los ingresos inmobiliarios unida a la inclinación de Martinsa Fadesa por la acumulación de grandes bolsas de suelo y por el desarrollo de macropromociones urbanísticas han generado una suerte de tormenta perfecta sobre las cuentas municipales de numerosos ayuntamientos. El de Santa Fe (Granada), por ejemplo, se ha visto obligado a poner suelo público en el mercado para compensar el efecto de los impagos de Martinsa. En total la inmobiliaria mantiene una deuda de casi 104 millones con ayuntamientos.

Deudas públicas y privadas

La Agencia Tributaria también llama a la puerta de la compañía. Le reclama 50 millones de euros como consecuencia de declaraciones fiscales erróneas en el IVA y el Impuesto de Sociedades, retrasos en la regularizaciones, sanciones por incumplimientos tributarios y otras irregularidades. La más llamativa es un expediente de 25,3 millones de euros por IVA a la exportación, que, según diversos expertos consultados por este diario, podría deberse a la aplicación ilegal de deducciones a la exportación.

Entre los acreedores institucionales de la empresa presidida por Fernando Martín también figuran cámaras de comercio provinciales, gobiernos autonómicos y diputaciones provinciales, que exigen a Martinsa Fadesa pagos pendientes de diversos impuestos como el IBI y el de incremento del valor de los terrenos.

Las entidades financieras soportan más de 4.000 millones de euros de la deuda total de la compañía, una cifra cercana al precio que Fernando Martín acordó pagar por Fadesa a Manuel Jove, a mediados de 2006.

Martinsa Fadesa renegoció la deuda contraída para adquirir la inmobiliaria gallega acordando en mayo de este año nuevas garantías con la banca. La mayoría de las entidades que firmaron aquel contrato han renunciado ya a esas garantías, pero los administradores advierten en su informe que todavía 10 de ellas tratan de mantenerlas. Por eso sopesan solicitar esta semana al juez, según fuentes conocedoras del proceso, dejar sin efecto la entrega de esas garantías. Los administradores destacan que los acuerdos de renovación de la deuda 'no han alcanzado el fin propuesto'.

En el listado de acreedores este diario ha localizado seis entidades que reclaman el pago de deuda firmada el mismo día que se acordó la refinanciación y que en virtud a la calificación recibida no habrían renunciado a las garantías obtenidas. Se trata de fondos de inversión extranjeros, entre ellos JER European, en el que el ex presidente del Gobierno español José María Aznar es miembro de su comité asesor. En las mismas condiciones figura el banco japonés Shinsei Bank, con una deuda de 144,3 millones.

También firmas aseguradoras reclaman cifras millonarias al grupo español. Acc Seguros y Reaseguros de Daños figura con una deuda de 14,8 millones; Asefa reclama 18,3 millones; la deuda con Zurich España de la inmobiliaria asciende a 5,5 millones; la de Cesce es de 10,8 millones; HCC Europe reclama 27,3 millones.

Las empresas relacionadas con el sector de la construcción y del inmobiliario son las más afectadas por el concurso de Martinsa Fadesa. Un puñado de pequeñas y medianas empresas de molduras, carpintería, construcción, escayolas o cerámica reivindican créditos que oscilan entre pequeñas facturas de 150 euros a millonarios impagos de grandes pedidos.

Compromisos con sus socios

También hay grandes y reconocibles nombres del sector. El grupo Nozar aparece en el informe con una deuda de 10 millones de euros. La compañía de la familia Nozaleda, que negocia ahora en una delicada situación el pago de 205 millones a Reyal Urbis, participaba junto a Martinsa en una empresa conjunta. La división inmobiliaria de BBVA, Anida Desarrollos Inmobiliarios, reclama a Martinsa Fadesa 4,1 millones de euros.

Entre los particulares que aparecen como acreedores del grupo se encuentra el mismo Fernando Martín, con una deuda de 27,4 millones, por un préstamo realizado el pasado 6 de mayo. Otros miembros del Consejo de Administración también son acreedores.

Task Arenal, representada en el consejo de Martinsa Fadesa por Jesús Ignacio Salazar, reclama tres millones. La deuda de la inmobiliaria con Aguieira Inversiones, presidida por el ex directivo de Inditex, Juan Carlos Rodríguez Cebrián, es de 4,2 millones. Alime y as de Cultivo y Ganado, dos firmas controladas por Antonio Martín, el empresario andaluz que se asoció con Fernando Martín para comprar Fadesa, reclaman en total 33 millones.

El Grupo 14 Inmobiliarias por la Excelencia, lobby sectorial formado por Colonial, Chamartín, Hercesa, Parquesol, Rayet, Metrovacesa, Martinsa Fadesa, Nozar, Realia, Renta Corporación, Restaura, Reyal Urbis y Vallehermoso que presidió Fernando Martín hasta el pasado 21 de julio, después de comunicar el concurso voluntario de Martinsa Fadesa, reclama a la firma de su ex presidente una deuda de 11.600 euros.

Manuel Jove, fundador de Fadesa, que acordó con Fernando Martín la venta de la inmobiliaria por 4.045 millones de euros a finales de 2006, también es acreedor. Una filial de Inveravante, su nuevo grupo de inversión, Espacia Avante, dedicada a la gestión de suelo, reclama a Martinsa 97,6 millones.

A mediados de 2007 Manuel Jove se convirtió en el primer accionista de BBVA, al adquirir el 5% en una operación valorada en más de 3.200 millones. La pasada semana anunció la compra de la petrolera colombiana Petrotesting, que fusionará con su grupo Vetra Energía.

Entre los afectados, además, figuran entidades deportivas. Fadesa mostró durante años una gran actividad en el patrocinio deportivo, que la fusión con Martinsa, la sociedad del ex presidente del Real Madrid, detuvo. La compañía tuvo tiempo de retirar su patrocinio del Interviú Fútbol Sala antes de declararse insolvente, pero otras entidades no tuvieron tanta suerte. Es el caso del Deportivo de la Coruña, que reclama 54.000 euros. El Balonmano Valladolid demanda 24.400 euros y la Agrupación Deportiva Ayamonte soporta una deuda de 166.000 euros.

Los mismos administradores concursales de la compañía son también acreedores. Antonia Magdaleno, Antonio Moreno y Ángel Martín demandan cada uno de ellos 1,2 millones en concepto de honorarios.

Gómez Acebo & Pombo. Pide ocho millones de honorarios

El bufete de abogados Gómez Acebo & Pombo reclama a Martinsa Fadesa ocho millones de euros, según consta en la documentación del informe de la administración concursal de la inmobiliaria.La deuda, según la misma documentación, tiene como fecha de origen la misma que de vencimiento, el pasado 28 de noviembre, y aparece en concepto de 'honorarios profesionales'. El despacho preparó la solicitud de concurso para Martinsa Fadesa. Otro despacho de abogados, Cuatrecasas, reclama a la compañía 0,85 millones. La asesoría legal en la fusión de Fadesa y Martinsa tuvo un coste para la empresa de 16,5 millones.

Activos. 7.404 millones, el valor de la masa activa.

Para hacer frente a las reclamaciones de los acreedores Martinsa Fadesa cuenta con 7.404 millones de euros de valor de la masa activa. La administración concursal de la inmobiliaria comunicó la pasada semana una revisión en su valoración patrimonial mejorando las perspectivas de la compañía. Así, el patrimonio neto real de Martinsa Fadesa es de 398 millones frente a la anterior estimación de 181 millones. Los administradores explicaron al regulador del mercado que la revalorización en 67 millones (la masa activa comunicada anteriormente era de 7.336 millones) se debe a que no dispusieron en su momento de la totalidad de las tasaciones.Igualmente el total de la masa pasiva asciende, señalaron en su comunicado de la pasada semana los administradores concursales, a 7.005 millones y no a 7.155 millones como se informó con anterioridad. La reducción se debe a que se había computado como deuda exigible créditos que eran contingentes y por tanto no exigibles.Los ajustes realizados por los administradores concursales inyectan por tanto algo de optimismo en el futuro de la compañía.

Cuenta atrás para cerrar el convenio de acreedores

Observaciones al informe concursal. La presentación ante la CNMV, por parte de los administradores de Martinsa Fadesa, de los ajustes finales al informe concursal activó el plazo de diez días que tienen los acreedores para formular sus observaciones al mismo. En este periodo podrán impugnar el informe si creen que perjudica sus intereses y pueden demostrarlo.Fase definitiva. Una vez finalizado este trámite formal (que puede durar los diez días que fija la ley o el periodo que sea necesario para resolver los intereses concursales que se generen), el concurso entrará en su fase definitiva. El juez encargado del caso, Pablo González-Carreró, dictará el auto de convenio y la apertura de la Junta de Acreedores, que viene a ser el punto de arranque del periodo en el que se decidirá si Martinsa Fadesa sobrevive al concurso o bien se liquida.Convenio de acreedores. En principio, la Ley Concursal establece un plazo de tres meses desde la emisión del auto de convenio de acreedores para que la compañía, la administración concursal o un grupo de acreedores que represente más de un 20% de la masa pasiva exigida plantee dicho acuerdo. Sin embargo, este plazo suele dilatarse en función de la complejidad del expediente. El volumen de deuda de Martinsa (7.005 millones de euros) y la cantidad de acreedores podrían dilatar la solución del proceso.Quitas y retrasos. La clave para que el concurso sea o no aprobado está en las quitas y demoras en el pago. La ley establece un límite del 50% para las quitas y de cinco años para los retrasos, aunque estos límites se pueden exceder si el juez considera que habilitan el plan de viabilidad presentado por la empresa.Junta de acreedores. El órgano encargado de dar el visto bueno al convenio (si se presentara) es la junta de acreedores, que reúne a todos los acreedores que aparecen en la inventario de los administradores concursales. æpermil;sta se constituirá en un plazo de tres meses tras el cierre del informe concursal y será convocada en cualquier caso en un plazo de 40 días si se presenta una propuesta de convenio.Mayoría necesaria. Para ser aprobado, cualquier convenio necesitará el respaldo de más del 50% de la masa pasiva, aunque, aún en este caso, el juez podría anular el acuerdo si considera que lesiona los intereses de los acreedores. Se aceptará en cualquier caso si las quitas no superan el 20% y el plan de pagos es inferior a tres años.Fase de convenio. Una vez aprobado, se abriría una fase en la que la compañía funcionaría con total normalidad con la obligación de cumplir su plan de pagos, asunto que fiscalizaría el juzgado de lo mercantil. En caso contrario, la entidad entraría en liquidación.