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Energía

Las eléctricas e Industria ultiman un acuerdo sobre el déficit de tarifa

El acuerdo para frenar la sangría del déficit de tarifa está a punto. Las empresas asumirán el coste de la nueva bonificación social para consumidores de rentas bajas y firmarán con la gran industria, que se quedarán sin tarifa en enero (la G-4), contratos a buen precio. Este es el compromiso del sector a cambio del cual, el Gobierno aprobará importantes subidas de tarifas en tres años y dará la garantía del Estado a la deuda del déficit acumulado.

Las cuatro grandes eléctricas que financian el déficit de tarifa (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y HC Energía) guardan absoluto silencio sobre las negociaciones que mantienen desde octubre con Industria para encontrar una salida a una lacra que podría sumar este año unos 19.000 millones de euros. Una deuda que los consumidores eléctricos siempre le deberán, a las eléctricas, si no lo asumen ellas mismas o el Estado.

Esta actitud es una muestra de que las conversaciones van por buen camino y que, como aseguran a CincoDías fuentes de toda solvencia, están a punto de cuajar en un acuerdo. No obstante, empresas y ministerio han sellado un pacto de confidencialidad para evitar que los flecos finales puedan hacer embarrancar el acuerdo por presiones externas. A grandes rasgos, las empresas aceptan asumir la bonificación social que establece la tarifa de último recurso o TUR (que entra en vigor el 1 de julio) para consumidores con potencia inferior a 4,4 kW de potencia y bajo poder adquisitivo, que supondrá un coste entre 600 y 700 millones de euros al año. También, tal como les había reclamado el ministerio, aceptan firmar contratos a buen precio en el mercado con las cinco instalaciones de ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alcoa, a las que se les acaba su tarifa el 1 de enero. Es la llamada G-4, que es la última tarifa industrial que sobrevive y representa el 5% del consumo.

¿Y a que se ha prometido con el sector el departamento que dirige Miguel Sebastián? Fundamentalmente, a aprobar fuertes subidas de tarifas aplazadas en tres años (probablemente, un 10% anual, según fuentes conocedoras del proceso, e incluso superior) y a que el Estado avale la deuda del déficit de tarifa, que la CNE no ha conseguido colocar en el mercado.

En el caso de las subidas de tarifas, una vez que entre en vigor la TUR, quedarán difuminadas ante la opinión pública porque de dichos incrementos se descontarán las cantidades bonificadas a los consumidores sociales.

No se descarta tampoco, según añaden las citadas fuentes, que a medio plazo se puedan transferir a los Presupuestos del Estado algunos de los costes de la tarifa, como las subvenciones de los sistemas extrapeninsulares, a los que hoy se opone el Ministerio de Economía. Algo que podría suceder en seis meses o un año. Otro de los puntos en discusión, que las empresas no han dejado de reclamar, es que el Gobierno no reste a las empresas los ingresos que reciben por trasladar a los precios de la electricidad los derechos de emisión de CO2 que reciben gratuitamente.

Por el momento, la urgencia del acuerdo se ha aplacado, después de que Industria haya enviado su propuesta de revisión de tarifas a la CNE, en la que plantea una subida media del 3,6% en enero.

Sebastián en India

Ayer en Nueva Delhi, el titular de Industria calificó al actual sistema de tarifas de "perverso, ineficaz e injusto", pues ha generado un déficit millonario y creciente desde el año 2000, informa Bernardo Díaz. Miguel Sebastián aseguró que el Gobierno está dispuesto ahora a realizar una nueva propuesta que sirva para atajar el problema: "Queremos que las empresas contribuyan con una quita importante sobre el déficit tarifario; ésta supondría asumir un tercio del mismo", indicó Sebastián en la inauguración de un foro inversor hispano-indio, en la capital asiática.

La intención de Industria es que este déficit sea asumido a partes iguales entre el sector, el Gobierno y los consumidores, a razón de un tercio por cada una de ellas, lo que se ha trasladado a las empresas en unas conversaciones que Sebastián calificó de "difíciles". "Sabemos que a las empresas no les gusta hablar de ello porque afecta a su cuenta de resultados pero deben ser conscientes de que el fin del déficit tarifario será bueno, sobre todo para ellas, pues se despejará su futuro", añadió.

SALIR EN LA FOTO

Si Industria logra un acuerdo sobre el déficit de tarifa, muchos querrán salir en la foto al modo de antiguos protocolos eléctricos, según fuentes del sector. Sin embargo, un acuerdo que incluya fuertes subidas para los consumidores podría resultar poco rentable políticamente, añaden.

Moncloa quiere sellar el pacto

Aunque el Gobierno firme un acuerdo sobre el déficit de tarifa (sirva o no dicho acuerdo para solucionar una hipoteca que dura ocho años), lo cierto es que la deuda acumulada, que ronda los 19.000 millones, deberán pagarlo sí o sí los consumidores de forma aplazada en 15 o 20 años.Lo que queda por ver es si el acuerdo, cuyo marchamo final reclama Moncloa, según fuentes del Ejecutivo, logra acabar con las desviaciones tarifarias en el futuro y si el reparto del esfuerzo reclamado por Industria para cauterizar la sangría (a partes iguales, consumidores eléctricos, contribuyentes y empresas) se cumple finalmente.A la vista del contenido de las negociaciones que han aflorado, y del buen estado de ánimo de las empresas, todo indica que esa proporción podría no ser tal. La bonificación social y otras partidas que el Gobierno está dispuesto a eliminar de la tarifa (el coste de Elcogás o las subvenciones al consumo de carbón), así como la retirada de la gran tarifa industrial (que suma 500 millones de euros al año) debería compensar las subidas de tarifas prometidas, si es que se pretende cerrar el agujero.El déficit, que ahora lo sufragan las tarifas por el uso de las redes (peajes) ya no lo provoca tanto el coste de la energía (el real decreto de tarifas para el año que viene prevé 58,43 euros MWh), como al crecimiento exponencial de las primas a las renovables: 4.009 millones en 2009, según el ministerio. Ese año se incorporan al sistema 1.000 MW de potencia fotovoltaica.

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