Partidos políticos, patronal y sindicatos se unen en el Congreso contra ETA
Los partidos políticos, la patronal y los sindicatos unieron ayer sus voces en el Congreso de los Diputados en señal de repulsa por el asesinato del empresario vasco Ignacio Uria, tiroteado por ETA el martes al mediodía cuando se dirigía a un restaurante cercano a su domicilio, en Azpeitia, Guipúzcoa. El presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, pidió a los políticos que expulsen a ANV de los ayuntamientos.
El Congreso de los Diputados sirvió de escenario para que los partidos políticos, la patronal y los sindicatos expresaran por quinta vez en un comunicado conjunto su rechazo a la violencia etarra. La primera vez que se unieron para condenar un atentado mortal de ETA fue hace justo un año, cuando la banda terrorista asesinó a dos guardias civiles en Capbreton.
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, planteó en la reunión a puerta cerrada que celebraron los grupos parlamentarios y los agentes sociales la necesidad de expulsar a Acción Nacionalista Vasca (ANV) de las corporaciones municipales. Según asistentes al encuentro, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, rechazó la propuesta del líder empresarial. Tras la lectura del comunicado, Díaz Ferrán se reafirmó en su llamamiento a los partidos políticos para que desalojen de los ayuntamientos 'a esa fuerza política que no condena los atentados y además está ilegalizada'.
Llamazares recordó que no es posible legalmente 'expulsar' a los ediles de ANV porque la condena del terrorismo a título individual no está penalizada. A pesar de que el pasado septiembre el Tribunal Supremo ilegalizó a ANV, sus concejales siguen en muchos ayuntamientos. De hecho, en Azpeitia, el pueblo de Ignacio Uria, el alcalde, Iñaki Errazkin, pertenece a ANV y el martes se negó a condenar el atentado.
El PP, tras escenificar su unidad contra ETA, presentó una iniciativa reclamando la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV en 'el plazo más breve posible'. Los populares recuerdan que el Consejo de Ministros, con el visto bueno del Senado y de la comunidad autónoma implicada, puede disolver, como se hizo en Marbella, una corporación local. El portavoz socialista, José Antonio Alonso, aceptó 'explorar todas las vías políticas, jurídica y legales' para evitar que la izquierda nacionalista radical ocupe alcaldías.
Por otra parte, los populares reclamaron que los municipios donde gobierna ANV no se transfiera dinero del fondo municipal de 8.000 millones de euros que aprobó recientemente el Ejecutivo para impulsar la economía. En estos casos, piden que sean las diputaciones las receptoras del fondo.
Desde el Gobierno vasco, el consejero de Interior, Javier Balza, anunció que incrementarán la seguridad de trabajadores y empresarios involucrados en las obras del tren de alta velocidad (TAV), objetivo prioritario de la banda terrorista. Conocida como la Y vasca, la construcción ferroviaria unirá las tres capitales vascas con el resto de vías de alta velocidad del Estado y del sur de Europa. La empresa de Ignacio Uria, Altuna y Uria, es una de las 27 empresas adjudicatarias de la obra civil más importante llevada a cabo en el País Vasco, cuyo coste asciende a 4.500 millones de euros.
La Unión Europea, con la 'Y vasca'
Al igual que hicieron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el lendakari vasco, Juan José Ibarretxe, inmediatamente después de la muerte de Uria, la Comisión Europea defendió ayer la necesidad de continuar con la construcción ferroviaria. 'Hay que seguir adelante con esta gran obra que acerca más a los ciudadanos de Europa y que facilita el crecimiento económico', aseguró el comisario de Transportes, Antonio Tajani. 'No podemos rendirnos ante la agresión terrorista porque sólo trae consigo regresión y violencia, mientras que la realización de las grandes obras significa progreso y desarrollo económico', recalcó.
Altuna y Uria ya había sido objetivo de la banda terrorista y de la kale borroka, que realizaron numerosos sabotajes contra su maquinaria. Con la muerte de Uria, ya son 41 los empresarios asesinados por ETA. Hasta ayer, la última víctima era José María Korta, presidente de la patronal guipuzcoana y asesinado en agosto de 2000 con un coche bomba.
Los trabajadores lloran la muerte de su patrón
En toda la geografía vasca se sucedieron concentraciones en repulsa por el asesinato del empresario Ignacio Uria. Una de las más emotivas, se produjo frente a la sede de Altuna y Uria, en Azpeitia, donde familiares y medio millar de trabajadores permanecieron media hora en silencio recordando a su patrón asesinado por ETA.Los obreros llevaban una pancarta, firmada por el sindicato ELA, mayoritario en la empresa, y escrita en euskera: 'Porque somos nacionalistas y trabajadores, no estamos de acuerdo', rezaba. El empresario Ignacio Uria era cercano a los postulados del PNV.Posteriormente, al mediodía, varios familiares de Uria se sumaron a la concentración ante el Consistorio donde acudió, bajo ninguna bandera ni pancarta, el lendakari, Juan José Ibarretxe, flanqueado por Imanol Uria, hermano mayor del fallecido, y por el presidente de la patronal vasca, Miguel Lazpiur.Al acto también han asistido familiares del fallecido, como sus seis hermanas y numerosos vecinos, que han estado acompañados por otros empresarios vascos y directivos y trabajadores de Altuna y Uria. En las tres capitales vascas, cientos de personas anónimas mostraron su rechazo por el asesinato.